Hipotecas a mano

EL ABARATAMIENTO de los créditos hipotecarios, adecuando sus tipos de interés a la bajada de cinco puntos del precio oficial del dinero producida en los últimos meses, era una exigencia social, además de un acto de justicia, que los poderes públicos no podían obviar. Tal objetivo exigía reducir previamente los elevados costes que gravan los cambios de hipoteca, tanto en tarifas notariales como en impuestos y comisiones de penalización por cancelación anticipada. El Consejo de Ministros del pasado viernes ha puesto en marcha finalmente los mecanismos legales que deben hacer posible esta deseable y justa reducción. A partir de ahora corresponde al Congreso de los Diputados acelerar al máximo la tramitación del correspondiente proyecto de ley para que esta iniciativa se convierta cuanto, antes en una realidad.Razones sociales y económicas, además de las de estricta justicia, urgen a ello. Dos millones de familias españolas endeudadas en la adquisición de un bien de primera necesidad como el de la vivienda son los directos beneficiarios de la medida. Pero ésta también favorecerá indirectamente a la economía en general: el ahorro que se consiga en trámites burocráticos en la cancelación y renovación de hipoteca, así como en la subrogación de escritura, podrá repercutir en la reactivación económica por la vía del consumo o de la reinversión. No hay que olvidar que el crédito vivo hipotecario asciende a la impresionante cifra de 13 billones de pesetas.

El proyecto de ley del Gobierno -respuesta, por otra parte, a un mandato previo del Congreso a raíz de una moción presentada en septiembre pasado por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (IU-IC)contempla los dos supuestos de cambio posible en las condiciones de los créditos hipotecarios: el de la renovación del préstamo en la misma entidad acreedora y el de subrogación de la escritura hipotecaria por una entidad financiera distinta. En el primer supuesto, los gastos de tramitación -notaría, registro y gestión- pueden reducirse en un 90%, mientras que en el segundo supuesto -el más oneroso- tal reducción puede alcanzar el 60%. Es decir, supone pasar de unos gastos del 8% a menos del 3,5% del total del crédito.

Pero, además, una rebaja tan sustancial de los costes hipotecarios no puede sino redundar en una mejora de los actuales niveles de inflación. Es decir, la medida tiene un saludable efecto antiinflacionista, que se añade al social y a su posible incidencia en la reactivación económica al liberar importantes cantidades de dinero cautivas en gastos de intermediación. Y ello porque afecta a un sector, el de servicios, que viene siendo desde hace años la causa principal de que los precios sigan subiendo en España de forma exagerada.

También da cumplimiento la medida a uno de los compromisos asumidos por el Gobierno en el programa de convergencia: transferir a los usuarios de los servicios bancarios los beneficios de la liberalización del sector. El Gobierno ha hecho en este caso lo que le correspondía. Ahora queda como responsabilidad del sistema financiero y de. los profesionales afectados el no desvirtuar en la práctica lo que el Parlamento sancione por ley. De ello dependerá que decenas de miles de titulares de préstamos hipotecarios, en su mayor parte ciudadanos de economía modesta que dedican sus ahorros a la adquisición de una vivienda, no se sientan frustrados e incluso engañados.