La Consejería de Cooperación no entrega expedientes de sus obras al PP desde que estalló el "escándalo Atocha"

Virgilio Cano, consejero de Cooperación, no se libra del estigma que le marcó hace precisamente un año con el estallido del caso Atocha. El escándalo provocado por la adjudicación irregular de numerosos contratos a la empresa Construcciones Atocha -investigado primero por una comisión de la Asamblea y todavía por la Fiscalía de Madrid- resucita en su primer aniversario con un recurso de amparo presentado por el PP ante el presidente de la Asamblea por "ocultación de datos" desde esa consejería. El PP reclamó, entre febrero y mayo del año pasado, 165 expedientes de este departamento y no ha recibido ninguno.El PP ha recurrido al cobijo de la. Asamblea porque el consejero en cuestión -Virgilio Cano- les ignoró primero durante muchos meses y después, cuando contestó, les emplazó a conocer los entresijos de los mencionados expedientes desplazándose hasta los archivos de la citada consejería.

Cuatro diputados regionales del PP presentaron a partir del 4 de febrero de 1993 solicitudes de información sobre 165 contratos formalizados por esa consejería. Alguna empresa sobre la que se reclamaba documentación tenía relación indirecta con el caso Atocha, como Pronaves, a la que se cedió material de Construcciones Atocha en obras teóricamente iniciadas al menos en un 20%.

Virgilio Cano se tomó tiempo para ofrecer una explicación. "Dado el número tan elevado de expedientes solicitados, que supondrían un elevadísimo número de, fotocopias (alrededor de 50.000), éstos se encuentran a su disposición en la sede de la consejería", aclaró el pasado noviembre -10 meses después- a través del consejero de Presidencia.

Ambrosio Aguado, viceconsejero, explica que su departamento no es el único que ha tomado esta decisión, y razona que no puede dedicar a los funcionarios a fotocopiar semejante cantidad de expedientes. Antonio González, director general de Cooperación, añade que los contratos solicitados proceden de la anterior legislatura y ya están cerrados. González precisa que durante la investigación del caso Atocha el propio Consejo de Gobierno de la Comunidad estableció el criterio general de no suministrar los contratos a los grupos.

Manuel Cobo, del PP y presidente de la comisión que investigó el caso Atocha, desmiente estas explicaciones oficiales: "Otras consejerías sí nos han suministrado los contratos y el volumen ha engordado tanto porque se les ha acumulado el trabajo".