El tribunal cuestiona el abuso del sistema de concurso en los contratos de la Comunidad

La Comunidad de Madrid contrata caro y mal. Ésa es la conclusión del Tribunal de Cuentas, que ha examinado los expedientes de 60 adjudicaciones de obras de 1990 y ha descubierto múltiples irregularidades. Mientras en las subastas se ha ahorrado un 17% del gasto previsto, en los concursos las bajas tan sólo han rozado el 6%. Además, las consejerías no han "acreditado la existencia de circunstancias concretas" que obligaran a recurrir al concurso y "los criterios de adjudicación son muy cambiantes y genéricos" permitiendo "un amplio margen de discrecionalidad a los servicios de contratación".

El Tribunal de Cuentas ha dado un tirón de orejas a los encargados de adjudicar obras en la Comunidad. En el informe correspondiente a 1990, un ejercicio polémico debido a las denuncias del Partido Popular sobre un presunto escándalo en los proyetos encargados a Construcciones Atocha, los auditores han descubierto múltiples anomalías.Las obras que salieron a concurso acumulan la mayor parte de los fallos descubiertos por el Tribunal de Cuentas. Los auditores destacan en primer lugar la escasez de argumentos para justificar una adjudicación de obras por concurso, sistema utilizado cuando se requiere tecnología avanzada o una especialización concreta al tratarse de obras complicadas. Como ejemplo, los auditores apuntan el proyecto de acondicionamiento de una carretera y el de rehabilitación de un pabellón para albergar diversas aulas de la Universidad Carlos III, en Getafe. En estos casos, "difícilmente puede predicarse la necesidad de tecnología especialmente: avanzada o presumirse una ejecución particularmente compleja", se señala.

En la adjudicación de las obras de prolongación de la línea 1 de Metro entre Portazgo y la Colonia Sardinero, el Tribunal resalta que se adjudicó a una empresa que carecía de experiencia en ese tipo de trabajos pese a un informe técnico desfavorable firmado por el servicio de proyectos y obras de la Dirección Regional de Transportes.

El pabellón cubierto de Parla, uno de los proyectos polémicos implicados en el caso Atocha, tiene varias referencias negativas en el informe. Por un lado, se declaró desierto el primer concurso convocado porque la empresa ganadora presentó una documentación que no coincidía con la información adquirida por la Consejería de Cooperación, promotora de la obra. Esa información, sin embargo, no fue remitida al Tribunal de Cuentas. Más tarde, resaltan los auditores, se convocó un segundo concurso y se adjudicó la obra con un presupuesto superior. Este proyecto se tramitó con carácter de urgencia, aunque, según el informe, su resolución llegó un año más tarde.

Un portavoz de la Consejería de Cooperación rebajó la carga de las críticas del tribunal al calificarlas como simples "anormalidades menores". El viceconsejero Ambrosio Aguado añadió: "Muchas alusiones se refieren a cuestiones de procedimiento y otras son perfectamente recurribles por nuestros técnicos porque si fueran realmente graves las habrían llevado a los tribunales".

En las obras adjudicadas por subasta, el tribunal ha echado en falta la obligatoria publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas para todos los contratos que superan el millón de ecus (unos 150 millones de pesetas). Las obras afectadas por esta irregularidad son el consultorio de Boadilla, el Pabellón de San Fernando de Henares y el parque de bomberos de Lozoyuela.

Aguado aclara que este defecto ya ha sido subsanado y que se observó en 1990 porque fue el primer año en que se exigió este requisito.

Los contratos adjudicados sin concurso ni subasta también merecen un amplio espacio en el informe. En este caso, el ahorro de la Comunidad sobre el presupuesto previsto es aún más bajo que con el sistema de contratos. La urgencia invocada para recurrir a la elección directa de una empresa no está justificada en, al menos, cuatro expedientes.