La Seguridad Social, incapaz de frenar el fraude en el cobro de las prestaciones

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no es capaz de impedir el fraude en el cobro de sus prestaciones. Al menos no lo era a finales de 1992, periodo en el que fue sometido a una fiscalización del Tribunal de Cuentas. Fiscalización que las Cortes solicitaron en marzo de 1992 y que el citado tribunal ha entregado a la Cámara hace apenas dos semanas. El informe señala que el Ministerio de Defensa, el Gobierno vasco y la Consejería de Presidencia del Gobierno asturiano, entre otras entidades públicas, no han enviado nunca informes al banco de datos de pensiones públicas del INSS.

La primera conclusión del informe del Tribunal de Cuentas es de una enorme rotundidad: "No existen garantías de que todas las prestaciones económicas indebidamente abonadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social sean detectadas por dicho instituto". Con excepción de los datos aportados por la gerencia informática sobre revalorización de pensiones y sobre renta de beneficiarlos de protección familiar, "el resto de la información que resulta necesaria para la detección de los pagos indebidos, o no se recibe, o suele recibirse con retraso, o está incompleta".Para realizar este informe, el Tribunal de Cuentas hizo comprobaciones en las direcciones provinciales del INSS y de la Seguridad Social en Córdoba, Pontevedra, Las Palmas de Gran Canaria y Valencia, entre los meses de junio y noviembre de 1992. El Gobierno debía conocer de antemano las deficiencias comunicadas ahora formalmente al Parlamento por el tribunal, ya que el pasado otoño lanzó una campana contra el abuso en el cobro de prestaciones, en particular el desempleo. E incluso anunció un cruce de datos entre organismos públicos, cuya inexistencia queda patéticamente de relieve en este informe.

Vivencia y estado civil

En él se señala que "no se hacen controles sistemáticos de vivencia ni de estado civil, ni revisiones periódicas de concesión de prestaciones para descubrir posibles errores". Tampoco se realizan de forma regular comprobaciones acerca de las rentas de los pensionistas perceptores de complementos por mínimos. o por cónyuge a cargo. También se ha constatado que "no siempre se realizan las comprobaciones oportunas, tales como consultar al banco de datos de pensiones públicas, o verificar posibles procesos computables por tratarse de la misma enfermedad cuando se solicita una nueva prestación económica".Al parecer, el Registro Civil ha incumplido hasta el año pasado la obligación de comunicar a las entidades gestoras de la Seguridad Social, dentro de los 20-primeros días de cada mes, la certificación de las personas fallecidas el mes anterior, para detectar a los pensionistas fallecidos. La Seguridad Social suele tardar entre 11 y 23 meses en descubrir el cobro indebido de una prestación.

De la falta de control indicada se deriva "un desconocimiento de la cuantía total de esta deuda", por lo que se ignora cómo contribuye al déficit de la Seguridad Social". La recuperación de las prestaciones indebidamente pagadas es prácticamente nula.