Redondo se explica

ENTRE ASUMIR abiertamente la responsabilidad y negar la evidencia, Nicolás Redondo se ha quedado en un punto intermedio. Reconoce, algunos errores, pero inmediatamente se indulta a la vista de las atenuantes. Su comportamiento ha sido, pues, el habitual entre los políticos cogidos en falta; al menos entre los políticos no excesivamente cínicos. Lo peor de este asunto envenenado de la cooperativa de viviendas auspiciada por UGT es que el escándalo acaba con el primer intento de modernización de esa central en el sentido de convertirla en un sindicato de servicios, al estilo de los más desarrollados, como el alemán. El derrumbe del grupo de empresas ugetista, constituido a partir de 1988 sobre las sociedades de un ex con cejal del PCE, Carlos Sotos, hoy militante socialista, ha atrapado entre sus restos los ahorros -cerca de 46.000 millones de pesetas- de alrededor de 20.000 familias. La cooperativa Promoción Social de Viviendas (PSV) y su gestora (Iniciativas de Gestión de Servicios), ambas en suspensión de pagos, se han salvado a duras penas de la quiebra. Sólo la aportación de dinero público, 9.200 millones de pesetas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), ha evitado que el proyecto saltara definitivamente por los aires.

Las explicaciones de la dirección de UGT sobre el escándalo no han sido hasta el momento claras ni afortunadas. Si hay que creer a la dirección del sindicato, durante los cinco años de vida de un proyecto basado en su imagen y en sus siglas, ninguno de sus dirigentes supo realmente cuál era el estado real de las empresas. Y ello a pesar de que al menos un miembro de su ejecutiva formaba parte de los órganos de control de la cooperativa. La explicación de que el sindicato como tal sólo poseía el 47% de las acciones de IGS (el otro 53% lo controlaba una fundación dirigida por Carlos Sotos) es poco satisfactoria. Un 47% de acciones, una imagen comprometida y los ahorros de 20.000 familias, muchas de ellas cotizantes del sindicato, son razones más que suficientes para vigilar la marcha de un proyecto de la envergadura de PSV. No es difícil imaginar lo que habrían dicho ciertos dirigentes de UGT ante intentos de justificar en esos términos otros famosos desastres de los últimos años.

Redondo sólo ha reconocido el error de haber sido demasiado ingenuo al confiar en gestores como Carlos Sotos. Sin embargo, la decisión de la dirección ugetista de hipotecar todo su patrimonio para sostener el proyecto supone la aceptación tácita de que su responsabilidad va más allá de lo que ahora reconoce. Aunque, como ha asegurado el propio Redondo, el sindicato puede no ser legalmente el primer responsable de lo sucedido, no es menos cierto que entre IGS-PSVy el sindicato han existido nexos muy estrechos, algunos de los cuales están aún por aclarar. En sí mismos aumentan, varios grados la responsabilidad de la central.

Por ejemplo, está aún por detallar cuál fue el verdadero papel del yerno de Nicolás Redondo, Ignacio López, al frente de la aseguradora del sindicato, Unial, cuyas pérdidas -2.800 millones de pesetas en 1992- fueron el detonante de la crisis de todo el grupo. También requieren una explicación los cobros efectuados por el propio sindicato a IGS por diversos conceptos o la relación entre las cuentas de IGS y la compra de la sede del sindicato en la calle de Hortaleza de Madrid. Sólo si UGT clarifica todos los puntos oscuros tendrá derecho a pedir cuotas de responsabilidad a los poderes públicos que facilitaron la conversión de PSV en un proyecto fa raénico, a los políticos que han intentado convertir el fracaso de la cooperativa en arma contra UGT y el movimiento sindical en general, y a los banqueros que exigen más pólizas de las debidas a un proyecto, como es la construcción de viviendas sedales, que tiene un indudable interés para el conjunto de la sociedad.