Críticas a la intervención, del Ejército, mexicano para aplastar la sublevación

El constitucionalista mexicano Alejandro del Palacio sostiene que si, como se insiste en afirmar, el conflicto violento en Chiapas se circunscribe sólo a algunos municipios, y por lo tanto no representa un problema federal, entonces "se está violando la Constitución del país, que en su artículo 89 señala que disponer de las fuerzas armadas tendrá siempre como finalidad la seguridad interna y la defensa exterior de la federación".Por la información disponible hasta el momento, ni el Parlamento chiapaneco ni el gobernador del Estado solicitaron la intervención del poder federal. "No existe testimonio fehaciente de que así haya sucedido", comenta Del Palacio, y añade que, en todo caso, la intervención del Ejército estaría justificada sólo en el marco de la defensa de sus instalaciones al ser atacadas por los insurgentes, pero no así su actuación en los pueblos.

En ese sentido, la líder indigenista guatemalteca y premio Nobel de la paz 1992, Rigoberta Menchú, señaló ayer que es de "suma urgencia" el cese de los bombardeos en las áreas en conflicto, ocupadas o no por los insurrectos.

Para forzar a las partes en pugna a establecer una tregua que permita un respiro a las comunidades del sureste de San Cristóbal de las Casas, bajo bombardeo desde hace días, organismos no gubernamentales avanzarán en caravana con todo el acompañamiento nacional e internacional posible hacia la frana en conflicto. La coordinadora informó al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jorge Madrazo, su intención de cruzar hoy la línea de fuego para detener lo que todavía no se sabe si es una matanza o una operación táctica, según han declarado.

En España, Izquierda Unida pidió al Gobierno español que solicite al presidente mexicano el fin de la represión indiscriminada y la búsqueda de una salida política a la rebelión campesina. El sindicato Comisiones Obreras, por su parte, ha remitido cartas al ministro de Asuntos Exteriores español y al embajador mexicano en España en las que condenan las "violaciones de los derechos constitucionales" en el Estado mexicano de Chiapas, al tiempo que abogan también por el diálogo "para superar la situación".