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'Tangentopoli' y nosotros

Tangentopoli ha suscitado justificada expectación en éste como en otros países, porque no resulta frecuente asistir al desmantelamiento de un sistema político por vía de proceso penal.No estoy convencido, sin embargo, de que el asunto esté siendo objeto entre nosotros de la clase de atención que realmente merece. Un interés que tendría que estar tan lejos de la tentación de la fácil asimilación mecánica como de la confortable tendencia a ver en el fenómeno algo exótico, una curiosidad para antropólogos de la política.

Porque, en efecto, reflexionar sobre Tangentopoli es hoy cualquier cosa menos un lujo cultural. Y, en particular, hacerlo desde la España de aquí y ahora me parece una auténtica necesidad. Diré por qué.

El extraordinario grado de perversión de las prácticas políticas y económicas, el increíble nivel de degradación del tejido institucional alcanzado durante la dilatada experiencia de gobierno de la Democracia Cristiana italiana y sus socios es fruto, sin duda, de una compleja trama de elementos. Pero de todos ellos hay uno que surge ahora desde el fondo de tan negra experiencia con ejemplar capacidad explicativa y un alto potencial ejemplificador.

Se trata del representado por una vieja lógica harto familiar en política: la de que hay (siempre) algún fin capaz de justificar el recurso a cualquier medio. En este caso, un fin muy de segunda posguerra: frenar el ascenso del partido comunista, y un medio de larga vigencia histórica y, ¡ay!, previsible futuro: eludir prácticamente todos los controles sobre el ejercicio del poder para, en primer y último término, perpetuarse en él.

El resultado de semejante dinámica dejada a su suerte, como ya es notorio, ha llevado en el -en términos de tiempo histórico- breve espacio de algunos decenios a resultados que habrían despejado alguna perplejidad de KeIsen al acortar de forma drástica la distancia empírica entre el Estado y las bandas de ladrones.

En efecto, la banalización de las reglas del juego, la abolición de los límites, abrió las puertas la generalización de la corrupción en todas sus modalidades posibles. En particular la del partido político, órgano y factor ideal de democracia, transmutado en puro y simple productor, y gestor de beneficios ilícitos por vía de financiamieno ilegal.

Y no es que, como ha tratado de sugerirse, lo buscado fuera -aun con una irregularidad formal disculpable- la obtención de los fondos precisos para el desarrollo de las funciones constitucionalmente atribuidas al príncipe moderno. Aquí no cabe siquiera la dudosa coartada de que recursos económios de origen ilegal resultasen más tarde blanqueados por la bondad de su destino final. No. Porque, como Tangentopoli enseña, los protagonistas e estas vicisitudes acabaron metidos hasta los ojos en una clase de porquería de imposible lavado.

En efecto, no es fruto de la casualidad que, en general, el control de los partidos implicados -y así, en buena parte, la composición de las Cámaras- haya terminado por estar, efectivamente, en manos de quienes controlaban, de hecho, las fuentes de financiamiento ilegal. Y que tales sujetos velasen, también generalmente y a la vez, con idéntico celo y desvergüenza, por sus propios intereses personales; como lo ilustra de forma paradigmática el caso del onorevole Craxi.

Tangentopoli es, al decir de Ferrajoli, el nombre del Estado y la economía, del no-Estado de derecho italiano de estos años. Con la expresiva etiqueta se alude a un fenómeno masivo de ilegalidad. De una ilegalidad que no ha conocido límites. O, mejor dicho, que ha encontrado al fin uno inesperado: el representado por la objetiva falta de espacio para seguir creciendo en rapacidad a expensas de lo que podría quedar ya de sociedad sana, que es lo que, en definitiva, hizo dar con el asunto en el juzgado.

Así las cosas, no parece exagerado decir que habrá siempre algo de Tangentopoli allí donde se reduzca la eficacia reguladora de las reglas del juego democrático. Allí donde haya sujetos con responsabilidades de poder dispuestos a justificar su propia colocación por encima de la legalidad constitucional, o decididos a relativizarla en función de objetivos extralegales, mediante la atribución arbitraria a éstos de una relevancia excepcional. Porque, ¿dónde el límite, si es precisamente la misma idea de límite la que se cuestiona?

Aristóteles fue harto expresivo al identificar en el poder un componente de animalidad -algunos traductores ha optado directamente por el término bestia- que tendría que ser necesariamente contrastado con un momento de racionalidad que el autor veía representado en la ley. Siglos después, Hobbes constataría que el poder llega siempre hasta donde le dejan. Esa dinámica expansiva, escribió, sólo cesa con la muerte.

Los españoles de estos años, después de una experiencia de décadas de poder a lo bestia, hemos tenido la oportunidad histórica de comprobar hasta qué punto el animal es resistente al freno, incluso en condiciones de domesticidad. O en democracia, para entendernos.

Y aquí nuestra transición encierra una lección que no habría que desperdiciar, en la perspectiva de conocimiento abierta por la experiencia de Tangentopoli.

No me refiero a los primeros momentos de aquélla. Y no porque no sean interesantes también desde este punto de vista, sino porque me interesa más lo sucedido a partir de 1982.

Como el lector recordará, ese año accedió al Gobierno de este país un partido de izquierda, no contaminado por anteriores experiencias de poder. Un nutrido grupo de cuadros jóvenes, con buen bagaje cultural y una disposición ética de la que no cabe dudar, se aprestaba a llevar a cabo las reformas tanto tiempo deseadas. La pretensión de marcar distancias con lo anterior quiso incluso simbolizarse de manera drástica mediante un decidido propósito de -como ahora se diría- "judicialización de la política". Táctica, pues, incoada entonces, aunque nunca llegaran a presentarse las amenazadoras querellas.

No obstante, el impulso así manifestado apenas pudo encubrir un discurso, primero latente, y enseguida explícito: cuando una mayoría obtiene en las urnas el apoyo representado por un extraordinario número de sufragios, recibe al mismo tiempo poderes también extraordinarios.

De este modo se hacía patente esa forma sutil de razón de Estado que es la creencia de hallarse en posesión de algún plus de legitimidad. La que corresponde al poder no sólo legítimo, sino también bueno per se y, por tanto, légibus solutus.

De ahí a considerar potencialmente ilegítima cualquier idea de contrapeso sólo hay un paso. Que, naturalmente, se ha dado en multiplicidad de ocasiones a lo largo de estos años. Tantas veces como el principie de división de poderes ha sido sustituido por la lógica antagónica del sistema de vasos comunicantes, a veces del tótum revólutum.

Los ejemplos podrían multiplicarse: desde la reforma y sucesivas renovaciones del Consejo General del Poder Judicial hasta la amortización de la institución parlamentaria como instancia de control; desde esa apoteosis de realpolitik que ha tenido por escenario la Fiscalía General del Estado hasta el nuevo privilegio procesal de artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; desde el aplazamiento sine die de la reforma contencioso-administrativa y el afianzamiento de la Administración en viejos usos y abusos a la deslegitimación de cualquier iniciativa judicial dirigida contra irregularidades producidas en el ámbito del poder; desde la oscura historia de los fondos reservados a algunos lamentables usos del derecho de gracia...

Como resumen, un dato que habla por sí solo: algo tan elemental como la cobertura de ciertos cargos en instituciones de relevancia constitucional, en condiciones de limpieza democrática y sin prevaricaciones partidistas, es hoy una posibilidad tan alejada de lo cotidiano como para necesitar de un impulso extraordinario.

Junto a esto, la evidencia de que el clima de transgresión no parece haberse limitado a lo político, como lo acredita el desmoralizador goteo sobre la opinión pública de la noticia de irregularidades de contenido económico que tienen por escenario espacios públicos y a sujetos públicos como protagonistas.

Podrá decirse que ninguna de estas cosas, y ni siquiera Filesa, es Tangentopoli. Pero no cabe duda de que las vicisitudes evocadas constituyen fenómenos de ilegalidad de alarmante extensión e indicadores inequívocos de una tendencia diáfana a la absolutización del poder. Así, no es difícil imaginar cuál sería el resultado de 30 años más de ejercicio del mismo en un marco similar al de los 10 años transcurridos.

Con otra particularidad: en esa hipotética España del futurible no cabría el recurso extra ordinario a Colombos, Davigos ni Di Pietros, porque la astucia de la razón de Estado a que antes he hecho referencia ha tenido aquí un último fruto indeseable: la producción de un poder judicial débil, flanqueado, además, por un fiscal dependiente del Ejecutivo. Algo que, en palabras recientísimas de quien es tan poco sospechoso como el presidente Scalfaro, de llegar a darse hoy en Italia -como desean los políticos bajo proceso-, "sería un salto atrás de miles de años de cultura jurídica".

Perfecto Andrés Ibáñez es magistrado.

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