Un marco de paz linguística

EL TRIBUNAL Superior de Justicia de Cataluña ha dictado un auto salomónico sobre la cuestión lingüística en las escuelas de Cataluña, ordenando la adopción de una serie de medidas cautelares en tanto resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por padres que exigían la escolarización exclusiva de sus hijos en su lengua materna y habitual, el castellano. Tanto el abogado de los padres demandantes como el Departamento de Enseñanza de la Generalitat han mostrado su regocijo por el mismo. Unos y otros debieran moderar su entusiasmo, porque la resolución les da la razón sólo en parte, y en otra parte se la niega.El tribunal ha requerido a la Generalitat a que escolarice en su lengua habitual", el castellano, a los niños de hasta siete años cuyos padres recurrieron contra la inmersión (utilización del catalán como lengua vehicular de la enseñanza) y exigieron la enseñanza exclusivamente en castellano. Este requerimiento es cautelar, es decir, hasta que se decida sobre el fondo de la cuestión: a saber, si la universalización de la inmersión se ajusta a la ley. En parte, pues, los jueces atienden a las peticiones de los padres. Pero rechazan la suspensión general del proceso de inmersión y la pretensión de recibir la enseñanza "con exclusividad" en una u otra lengua, como deseaban los demandantes. Ello valida la política lingüística autonómica seguida hasta ahora, aunque no de cualquier reforma que se pretenda introducir en ella en el futuro por la vía legislativa, o por la vía de la práctica (mediante las circulares que universalizaron la inmersión el pasado otoño).

El tribunal requiere además a la Generalitat a que disponga "las medidas de refuerzo necesarias que permitan la eficacia de la enseñanza en las dos lenguas" para los escolares de más de siete años en los centros en que no se hubieran ya adoptado. Medidas ambas que indican, a sensu contrario, un incumplimiento, al menos parcial, de la Administración autónoma de su propia legislación. La actual Ley de Normalización Lingüística -cuya reforma pretende ahora el Gobierno de Pujol, sin encontrar consenso político suficiente- establece claramente, en su artículo 14.2, que "los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano".

Más favorables (pero tampoco absolutamente) a los postulados de la Generalitat son los fundamentos jurídicos del auto. Éstos precisan que el derecho a la educación implica "recibir la enseñanza en una lengua comprensible", pero no "exclusivamente" en "una lengua determinada". Añaden que no se vulnera el principio de igualdad ante la ley cuando "los educandos no reciban enseñanza en la lengua preferida por los padres en un centro público de su elección". Y recuerdan la "igualdad de ambas lenguas".

En la práctica, esta resolución supone, hasta la sentencia definitiva, tanto la continuidad del proceso de inmersión como el rechazo de sus posibles excesos. Implica el mantenimiento de una comunidad educativa sin fracturas, al señalar que los padres pueden escolarizar a sus hijos en su lengua habitual (catalán o castellano), pero no en un centro público determinado de su elección: es decir, se evita el establecimiento de una doble red de escuelas con carácter general (unas totalmente en castellano, otras totalmente en catalán), que perjudicaría especialmente a los escolares de las zonas de inmigración, contra lo que sostienen algunos demagogos. De hacer caso a éstos, los hijos de los trabajadores inmigrados dominarían ambos idiomas en mucha menor medida que sus compañeros de zonas más ricas. Pero al mismo tiempo los jueces exigen que funcionen los mecanismos compensatorios (profesores de refuerzo) y prefiguran el establecimiento de líneas concretas en las que se enseñe principalmente -no exclusivamente- en castellano.

La resolución judicial, aunque compleja y aparentemente contradictoria, responde a los anhelos de una sociedad que quiere garantizar los derechos individuales de todos sus ciudadanos, preservar su convivencia lingüística evitando tanto las guerras inventadas como los excesos administrativos, profundizar en el fomento del catalán -tantos años perseguido- y mantener el castellano. Es decir, lo que pretenden los ciudadanos sensatos.