Gobierno y productores blindan el cine español

El Gobierno ha decidido proteger el cine español a costa de televisiones, exhibidores y distribuidores, obligados a incrementar el número de filmes comunitarios en detrimento de los norteamericanos. El decreto aprobado el día 10 ha abierto una profunda brecha en el sector audiovisual. Los productores, que, al margen de las subvenciones actuales, recibirán una importante inyección económica, consideran que es la apuesta más valiente para sacar adelante al cine español. El resto del sector audiovisual ha hecho un frente común en contra de un texto que "no tiene en cuenta los gustos del espectador, sólo favorece al lobby de los productores y reducirá la asistencia al cine". En 1992, cada película española consiguió una media de 20.903 espectadores por 63.128 de cada cinta norteamericana. El cine español recaudó 3.300 millones de pesetas y el estadounidense 27.500. La protesta incluye el cierre, mañana, de todos los cines.

"Es igual que si al ir a comprar un libro de los norteamericanos Tom Clancy y Stephen King te obligaran a llevarte otro de Cela. Y si dices: 'Mire usted, es que a mí no me gusta Cela', te responden: 'Da igual, se lo tiene usted que llevar". Con este ejemplo, el distribuidor independiente y exhibidor Enrique González Macho, dueño de los cines Princesa y Renoir de Madrid y Multicines de Cuenca, explica su rechazo a las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno. Pese a que el Ministerio de Cultura y los productores habían mantenido a principios de año conversaciones sobre cómo adecuar la normativa española a la nueva realidad de la Unión Europea (UE), fue la imminencia de la firma de los acuerdos del GATT, el pasado día 15, la que movió a las dos partes a redactar un texto urgente. Aunque final mente el tema audiovisual quedó excluido de los acuerdos del GATT, los distintos países debían tener en vigor antes de esa fecha las normativas de protección al cine, ya que en caso contrario cualquier medida protectora sería inútil. Por ello, el viernes 10 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley de medidas urgentes para la cinematografía, publicado en el BOE un día después. Este decreto fue fruto de reuniones aceleradas y constantes en tre el Gobierno y la Federación de Asociaciones de Productores (FAPAE), con el apoyo del lobby de la Fundación Procine, de las que quedaron excluidos distribuidores, exhibidores, televisiones, ope radores de cable y satélite y em presarios videográficos. El texto tampoco recoge la opinión de los ministerios de Hacienda, Transportes y Comercio, con claras competencias en algunas de las medidas. La Generalitat de Cataluña y el grupo parlamentario catalán en el Congreso de los Diputados mantuvieron una participación importante en las discusiones, y consiguieron la introducción de medidas para favorecer el doblaje al catalán, y también al euskera y al gallego.El decreto ley, que será debatido para su convalidación el próximo martes en el pleno del Congreso de los Diputados, consta sólo de ocho artículos de los 25 que tenía el texto sin membrete oficial que presentó la ministra de Cultura en la Sociedad General de Autores de España (SGAE). Las medidas de fomento, como desgravaciones fiscales y planes crediticios, esperan a una nueva normativa actualmente en estudio.

El decreto aprobado establece en su artículo 4 la obligación de coproducción entre las televisiones y los productores independientes hasta un máximo de un 5% del tiempo de emisión anual.Las televisiones españolas emiten unos 8.000 títulos al año. Legalmente están obligadas a reservar el 40% (3.200) a películas de nacionalidad comunitaria, lo que significa que con el nuevo decreto deberán coproducir un máximo de 160 filines anuales, es decir, el 5% de las obras europeas emitidas.

Desde las televisiones se apunta que una de las primeras consecuencias del decreto será reducir el número de filmes que emite cada cadena, para reducir así el porcentaje de producción pactado con Cultura. Las medidas del ministeno no establecen las fórmulas de coproducción por parte de las televisiones, con lo que éstas podrían computar como producción la precompra de los derechos de emisión.

Obligados a entenderse

Partiendo de la base de que el cine y la televisión están obligados a entenderse y de que la coproducción es positiva, Antonio Pozueco, director de producción externa de Tele 5, califica de absurdo que sea el Estado el que tenga que obligar a trabajar juntas a dos empresas privadas, como pueden ser un canal de televisión y una productora de cine.

Juan Cueto, director de Canal +, se muestra contrario a que se defienda la producción "sin tener en cuenta al consumidor" y afirma que Ias televisiones no están para producir cine". En su opinión, "hay que desmitificar la producción desde el momento en que se cuenta con posibilidades de distribución, como el estreno en salas comerciales y vídeo, en televisiones de pago y en las generalistas". Con esas múltiples taquillas, los productores "deberían estar encantados, ya que supone una garantía para la salida de cualquier película". Javier Gimeno, consejero delegado de Antena 3 Televisión, señala que cualquier línea de actuación "debe basarse en proyectos de calidad", para lograr así "un beneficio mutuo" para la industria cinematográfica y las cadenas. Desde Televisión Española (TVE), su director, Ramón Colom, es partidario de la coproducción, "siempre que la aportación de las televisiones no sea testimonial, sino que puedan opinar sobre el proyecto que financian".

Lo primero que denuncian los distribuidores es el "secretismo" con el que, dicen, se ha elaborado el decreto, y la ausencia de un debate sobre la calidad del cine español. "No ha existido la menor autocrítica, ni se han estudiado las razones de la decadencia del cine español", dice González Macho, portavoz de todos los distribuidores.

Para González Macho, "una gran parte de las películas españolas no se producen en función de criterios profesionales, industriales o artísticos, sino en función del conocimiento que se tenga de los vericuetos administrativos para la obtención de ayudas con cargo al erario público. Ello nos condena a que cada año tengamos un número de películas que van a fracasar y que, sin embargo, siguen produciendo filmes y fracasando. Los productores españoles de determinadas películas achacan siempre el fracaso al distribuidor y al exhibidor; nunca reconocen que su filme es un pestiño,'.

Y las cifras cantan, para González Macho. En 1992 se estrenaron en España alrededor de 320 películas, de las que 32 eran españolas, mientras que la producción fue de 52. De ellas, únicamente nueve superaron los 100 millones de pesetas de recaudación en salas. "El cine de Todos a la cárcel, Kika o Belle époque no se va a ver afectado. El problema está en títulos como Tretas de mujer, La Lola se va a los puertos y otras que la gente no está dispuesta a ver, con protección o sin protección", dice Macho. "Tratan de limitar el mercado de películas norteamericanas para que la gente vaya a ver cine español, y si el cine español sigue siendo un pestiño lo que hará la gente es quedarse en su casa, con el consiguiente cierre masivo de salas [en la actualidad hay 1.8071", termina González Macho.

Los exhibidores, por medio del presidente de la Federación de Entidades de Empresarios de Cine de España, José del Villar, resaltan la incongruencia de mantener la defensa a ultranza de la exhibición obligatoria de una película europea, aunque "sea mala".

Los que están como unas castañuelas son los productores. Pedro Pérez, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España y miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Procine, dice que el decreto va a corregir los excesos de un mercado que está claramente "perturbado" para ellos.

Los productores quieren alcanzar, gracias a las nuevas normas de cuota de pantalla y licencias, que el 25% de los espectadores vayan a ver cine español (ahora, sólo es un 9%). "Para nosotros", dice Pérez, "la obligatoriedad de las cuotas de pantalla y las licencias no son el ideal definitivo, pero es la única manera,de momento, de que crezca el número de espectadores en el cine español".

El subsecretario del Ministerio de Cultura, Enrique Linde, insiste en que la tarea del Gobierno, pese a quien pese, es proteger la identidad cultural española, y que el cine es el instrumento capital para ello en una sociedad moderna. "El sector cinematográfico aúna dos parámetros que no se dan en ningún otro producto, como son el industrial y el cultural, y esto no se puede olvidar", señala Linde.