Cultura cede en parte a las exigencias de los distribuidores de cine

El decreto-ley que aprobará las medidas urgentes del audiovisual contendrá algunas modificaciones sobre el proyecto que presentó el pasado 15 de noviembre la ministra de Cultura, Carmen Alborch. Sólo ocho de los 24 artículos serán aprobados por esta vía rápida, y el resto deberán esperar. El Gobierno negocia una rebaja en uno de los puntos más conflictivos de la ley: las nuevas licencias de doblaje.

El proyecto inicial, que otorgaba a las distribuidoras una primera licencia de doblaje al recaudar 50 millones de pesetas de taquilla con una película comunitaria, quedará rebajado en torno a los 25 o 30 millones.Ésta no es la única modificación. Algunos de los artículos quedan aparcados para una nueva regulación. El decreto ley, según señalaron fuentes cinematográficas, sólo recogerá aquellos puntos que giran en tomo a la protección del audiovisual español frente al cine estadounidense, ante la aprobación de los acuerdos del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) el próximo 15 de diciembre. Sin embargo, algunos puntos quedan definitivamente descartados.

En el último borrador elaborado por el ministerio de Cultura y los representantes de los productores -en una negociación en la que han intervenido también destacados dirigentes de Convergència i Un¡ó- desaparece la normativa que otorgaba a los distribuidores un porcentaje máximo de taquilla de un 50%. Esta medida, dirigida a impedir que las multinacionales se hagan, como de hecho ocurre, con porcentajes que giran en torno al 70% de taquilla, no será finalmente aprobada. También se da por perdida, como ya adelantó la titular de Cultura, la pretensión de rebajar al 3% el IVA para las entradas de cine.

Algunas de las modificaciones más importantes que aparecen en el nuevo texto, intentan favorecer las lenguas minoritarias. La participación en las conversaciones de políticos convergentes explica, por ejemplo, que la nueva redacción de las medidas urgentes del audiovisual corrija el artículo 24, en que aparecía como única entidad con potestad sancionadora el Instituto de Cinematografía y Mes Audiovisuales (ICAA), y se añada como posible ente sancionador "el organismo autonómico correspondiente".

En este contexto, la nueva redacción de la normativa de cuotas de pantalla sufre una importante modificación. Antes se establecía que en las poblaciones de más de 125.000 habitantes, las salas debían exhibir un día de cine comunitario por cada dos de terceros países en versión doblado en cualquier lengua oficial española. Con la nueva redacción, la proporción pasa de ser de una a tres, si la lengua oficial en que se ha doblado es otra distinta a la española.