Quebec suaviza su política lingüística

La Administración del Quebec ha suavizado este verano la legislación de 1977 que prohibía que la lengua inglesa pudiera ser utilizada en la rotulación y en la publicidad exterior de los establecimientos comerciales de la provincia. Una nueva ley autoriza que carteles, rótulos y vallas puedan estar escritos también en inglés, pero siempre que la versión en francés sea preeminente. No ha cambiado la obligación de las empresas de utilizar el francés tanto como lengua externa como interna, pero se han relajado los mecanismos para sancionar la infracción a esta norma.La ley catalana del Estatuto del Consumidor, aprobada en marzo pasado, ya prevé sanciones para quien no respete los derechos de los consumidores, entre los que por primera vez se incluían los lingüísticos, pero aún no hay un reglamento que regule las multas. El anteproyecto de la nueva Ley de Normalización Lingüística se remite al Estatuto del Consumidor para regular el uso del catalán en el mundo comercial.

Quebec tiene seis millones de habitantes, el 78% de los cuales son de lengua materna francesa. Cataluña tiene también seis millones de habitantes, pero sólo la mitad tiene como lengua materna el catalán y la totalidad de su población conoce el castellano. Entiende el catalán el 93,8% de la población de Cataluña, lo sabe hablar el 68,3%, lo sabe leer el 67,6% y escribir el 39,9%.

En 1977, un año después de que ganara las elecciones autonómicas el nacionalista Partido Quebequés, el Parlamento de la provincia promulgó la Ley 101, o de la Carta de la Lengua Francesa. Esta ley, a diferencia de otras anteriores que ya habían declarado el francés como lengua oficial del Quebec, se dotó de medios para hacer respetar esa declaración y se excluyó el bilingüismo institucional. También estableció una regulación muy rígida en el campo de la enseñanza (véase EL PAÍS del 15 de noviembre). Una nueva legislación aprobada el pasado vera no ha suprimido la obligación de que rótulos y carteles estén escritos únicamente en francés.

El francés -establecía, entre otras cosas, la ley 101- es la lengua oficial de Quebec. Todo el mundo tiene el derecho a ser atendido e informado, oralmente y por escrito, en francés por la Administración, los servicios de sanidad, los servicios sociales, las empresas de utilidad pública, los colegios profesionales, las asociaciones de trabajadores y las distintas empresas establecidas en Quebec. Los consumidores de bienes y servicios tienen el derecho a ser informados y servidos en francés.

Única lengua oficial

La lengua francesa se convertía así en la única oficial de la Administración, la legislación y la justicia de la provincia. El texto en francés de leyes y reglamentos es la única que tiene validez legal. El conocimiento y el uso de esa lengua es condición indispensable para acceder o promocionarse en la función pública. Los profesionales liberales que trabajen en Quebec deben demostrar un conocimiento suficiente de la lengua.La nueva legislación ponía el acento en el sector económico, considerado clave para la introducción del francés. Las empresas de más de 50 trabajadores tienen la obligación de funcionar en francés, y eso supone generalizar el uso de esa lengua en todos los niveles, tanto orales como escritos: publicidad, documentación interna y externa, atención al público, etiquetas, selección y promoción de personal.

La Oficina de la Lengua Francesa extiende certificados de utilización del francés a las empresas de más de 50 trabajadores, siempre que éstas cumplan unos estrictos requisitos, lo que requiere asesoramiento, pero también control de sus actividades. La no obtención de ese certificado o el incumplimiento de lo establecido una vez obtenido aquél supone una infracción, sancionable con multa.

Las empresas de menos de 50 trabajadores no están obligadas a obtener el certificado, pero no por ello están exentas de acatar la ley que las obliga a que toda la documentación interna o externa, rotulación y lengua de trabajo sea en francés.

Uno de los aspectos que más ha contribuido a modificar la imagen externa del país afecta a la rotulación pública, catálogos, instrucciones de uso, menús, cartas de vino, certificados de garantía, facturas, recibos y publicidad comercial, que la ley 101 obligó a que fuera únicamente en francés. Se aceptaba la utilización de otra lengua cuando se tratara de comercios o instalaciones vinculados directamente a una cultura foránea.

La Carta de la Lengua Francesa creó una comisión de protección de la lengua, encargada de llevar ante los tribunales a los infractores lingüísticos si fracasaba el acuerdo amistoso. Los tribunales pueden ordenar que sean retirados o destruidos los carteles, anuncios, vallas y luminosos que contravengan la disposición de la ley. También puede ser sancionados, con la inhabilitación, el funcionario de enseñanza que no cumpla con la ley (que regula qué niños pueden recibir la educación en inglés o en francés).

Corte Suprema

La rotulación y la publicidad comercial sólo en francés dio pie a un conflicto jurídico, al considerar la Corte Suprema que la libertad de expresión permitía que la rotulación fuera bilingüe, aunque se utilizara el francés de forma preeminente (letras de mayor tamaño, ocupando la primera línea de cada texto, o la columna de la izquierda, por ejemplo). La Administración del Quebec aceptó primero que las rotulaciones internas en los comercios pudieran ser bilingües, pero no la exterior. Posteriormente, a través de una nueva ley aprobada recientemente y que aún no ha entrado en vigor, se ha generalizado la autorización para la publicidad exterior en ambas lenguas. También se ha suprimido la comisión de protección de la lengua, cuyas funciones han pasado a la Oficina de la Lengua Francesa, concebida originalmente para fomentar el uso de la lengua y no como policía lingüística.En opinión de Michel Paillé, miembro del Consejo de la Lengua Francesa de Quebec, "se ha perdido efervescencia, y los propios quebequeses se han relajado en la exigencia del uso público del francés en exclusiva". La posibilidad de acudir a los tribunales para sancionar a los infractores se mantiene, pero en opinión de Paillé los procedimientos se han relajado y los fallos judiciales pueden tardar ahora años.