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El 40% de los españoles, partidario de ampliar la despenalización del aborto

Un 66% a favor de la eutanasia activa, según datos del CIS

ALEX RODRíGUEZ Crece el número de españoles partidario de ampliar la despenalización del aborto, que contempla actualmente tres supuestos: peligro de la vida de la madre, violación o malformación del feto. El último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyo trabajo de campo fue realizado durante el mes de marzo de 1992, revela que un 40% de los españoles es partidario de ampliar la ley del aborto, frente al 29% que manifestaba esta posición en junio de 1991. El estudio revela también que un 66% de los españoles es partidario de la eutanasia activa si un paciente con una enfermedad incurable lo solicita.

El estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), revela que aumenta el porcentaje de españoles partidarios de ampliar la despenalización del aborto. Si en la antepenúltima en cuesta (abril de 1991) eran partidarios de ello un' 3 8% (porcentaje que cae en nueve puntos en el estudio realizado dos meses des pués), en marzo de 1992 lo eran un 40%. Paralelamente, decrece el número de españoles partida rio de mantener la legislación tal y como está: 29% en abril de 1991; 35% dos meses después; y, 27% en marzo de 1992. Se mantiene constante el porcentaje de personas favorables a la supresión de cualquier despenalización: el 10%.La opinión está dividida en partes iguales, por el contrario, en lo que respecta a la regulación por plazos de la interrupción voluntaria del embarazo, supuesto que baraja el Gobierno para elaborar una nueva ley despenalizadora. Esta iniciativa, todavía no concretada, ha levantado duran te esta semana una polémica en tre el Ejecutivo y el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Elías Yanes, que ha considerado que el Estado no tiene competencia para legislar en esta materia.

'Ley de plazos'

La denominada ley de plazos recibe el respaldo del 42% de los entrevistados, que consideran como muy o bastante conveniente que se legisle a favor de que la mujer pueda decidir la interrupción del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación. El 41% considera, por el contrario, poco o nada conveniente esta posibilidad. Pese a ello, el 29% de este último colectivo (lo que representa el 12% del total de entrevistados) sería partidario de que una ley permitiera la interrupción en ese plazo siempre que un médico certificara que la continuación del embarazo iba a suponer un riesgo para la mujer, teniendo en cuenta sus condiciones económicas, familiares, sociales o personales.

El número de los partidarios de una ley de plazos es inversamente proporcional a la edad, de modo que a menor edad, más entrevistados están a favor de una regulación de este tipo. Así, son de esta opinión el 55% de los que tienen entre 18 y 25 años, el 56% de los que cuentan entre 26 y 40 y el 44% con edades comprendidas entre los 41 y 50 años. Los porcentajes de los que tienen entre 51 y 60 años y los que superan esta última edad son sensiblemente inferiores: 33% y 20%, respectivamente. El estudio revela asimismo que son más partidarios de la ley de plazos los hombres (47%) que las mujeres (391/6). Los electores mas favorables a una regulación de este tipo son los de Izquierda Unida (70%) y del PSOE (50%), y los menos favorables son los del PP (20%).

Los españoles se manifiestan también (44%) a favor de la autorización de la interrupción del embarazo cuando cuando se trata de una menor, pero no así en los supuestos de insuficiencia económica o por razones sociales, cuando se obtienen porcentajes del 33% y del 28%. Los autores del estudio consideran que esta circunstancia -más partidarios de la ley de plazos que de los supuestos debidos a razones económicas o sociales,, parece indicar que los españoles, ante este tema, valoran más la libertad individual o los condicionamientos subjetivos que las circunstancias externas u objetivas".

Eutanasia activa

El estudio revela también que un 64% de los españoles piensa que no se debe prolongar artificialmente la vida de un enfermo cuando no existe esperanza de curación. No son sólo partidarios de la eutanasia pasiva, también lo son de la activa, cuya penalización, según se mantuvo durante la anterior legislatura, iba a suavizarse con la reforma del Código Penal. Así, un 66% de los españoles entiende que la ley debería permitir a los médicos poner fin a la vida de una persona que tenga una enfermedad incurable "y le cause graves sufrimientos, si el enfermo así lo solicita".

El 49% de los españoles es Partidario además de que la eutanasia activa pueda aplicarse por decisión de un familiar si el enfermo no está en condiciones de expresar su voluntad. Un 33% de los españoles entiende que la ley no debería permitir este último supuesto.

El trabajo de campo de este último estudio del CIS se efectuó entre los días 7 y 12 de marzo de 1992. Durante esos días se realizaron 2.492 entrevistas entre mayores de 18 años residentes en 155 municipios de 48 provincias de las 17 autonomías.

La sociedad y las mujeres

"Yo no he pretendido echar un pulso al Gobierno", dijo ayer Elías Yanes, presidente de la Conferencia Episcopal Española. El Gobierno no quiere polemizar con el episcopado, añadió Juan Alberto Belloch, ministro de Justicia. Cuando Yanes dijo, el pasado lunes, que el Estado no tiene competencia para despenalizar el aborto, estaba refiriéndose también a la sociedad. Así lo dijo ayer, durante la presentación del libro La hora de Dios, que recoge los discursos de viaje realizado por el Papa a España, editado por la Biblioteca de Autores Cristianos. "Pienso que el tema del aborto es un tema en el cual hay un riesgo de que un sector de la sociedad sea cómplice, por desorientación o bien por otras razones", indicó.La complicidad denunciada por Yanes alcanza implícitamente a 19 organizaciones de mujeres, que han hecho llegar al Ministerio sus reivinciaciones. Estos colectivos recuerdan en un documento que, "desde hace muchos años", reclaman que la regulación de la interrupción del embarazo se realice fuera del Código Penal y que la decisión de abortar "corresponde a cada mujer en cada caso y que el Estado debe limitarse a proteger y facilitar el ejercicio de este derecho". Asimismo consideran que deben ser escuchadas a la hora de elaborar una nueva ley de despenalización que, dicen, ha de responder "realmente" a los intereses de la mujer.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de noviembre de 1993

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