La invalidez provisional pasará de un máximo de 6 años a 18 meses
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social trabaja en un decreto, que se espera esté en vigor a principios de 1994, por el que se busca reducir el tiempo que dura ahora la invalidez provisional, seis años, a 18 meses, eliminando los grados y carácter de provisionalidad, algo que no. existe en Europa. La reforma en estudio fija que será el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) quien establezca la invalidez temporal y el grado de la misma que da derecho a percibir una pensión.Ello supondrá un cambio desde la situación actual en la que las unidades de valoración, dependientes en unos casos de Sanidad y en otros de algunas comunidades autónomas, son las que finalmente establecen el grado de invalidez que, finalmente, paga el INSS.
Adolfo Jiménez, secretario general de la Seguridad Social, señaló que no habrá transferencia de personal desde las unidades de valoración, que seguirán haciendo los informes médicos, hacia lo que se denominará equipos de valoración de incapacidad que se crean por el decreto que ahora se ultima.
En medios de la Administración y de algunas empresas privadas de previsión existe una cierta preocupación por el convencimiento que se tiene de que en empresas en reconversión se está tratando de desviar parte de los excedentes laborales hacia expedientes de incapacidad laboral, con lo que ello representa de fraude social.
Jiménez, en una jornada organizada por la APD sobre la previsión social en España reiteré que el modelo que se está instalando es uno en el que el sistema público cubrirá las pensiones de las rentas medias y bajas y que los perceptores de rentas altas tendrán que acogerse a un sistema complementario.
El secretario general señaló que la pensión máxima de 1993 era equivalente a 1,7 veces el salario medio en convenio y que la revalorización de los últimos anos mostraba que ese nivel era el que se iba a mantener.
Fondos externos
El director general de Seguros, Eduardo Aguilar, dijo en esta misma jornada que prácticamente está ultimado el borrador de la ley de seguro y que en él se recoge la obligatoriedad de que las empresas, sin excepción, constituyan fondos externos de complemento de pensiones.
El proyecto, dijo Aguilar, contempla un periodo de tres años para que las empresas opten por la vía de constituir un seguro de vida o un fondo de pensiones y, además, un periodo transitorio a regular en el reglamento pero que puede ser de 10 años, para que las empresas se adapten al modelo que elijan. El proyecto reiterará la flexibilidad de los sistemas complementarios y la necesidad de reforzar las garantías y el control.
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