Agricultura pretende que las grandes superficies garanticen los pagos aplazados a los proveedores

El pago aplazado de las grandes superficies a los proveedores, que en la actualidad se sitúa en torno al billón de pesetas, está provocando serias dificultades en la industria alimentaría. Con el fin de atenuar este efecto, el Ministerio de Agricultura está preparando variaciones normativas al respecto, como establecer un tope en la cuantía de los pagos aplazados en función de los recursos propios de cada gran superficie. La intención del titular de Agricultura, Vicente Albero, es introducir estos cambios en la Ley de Sociedades Anónimas o, en su defecto, elaborar una norma específica.

Las empresas de distribución y las centrales de compras deberán calcular los pagos aplazados con los proveedores de una forma distinta a la tradicional si finalmente prosperan los proyectos que maneja el Ministerio de Agricultura. A partir de ese momento, lo tendrán que hacer en función del volumen de los recursos propios que dispongan. Ello supondrá, al menos en la práctica, una mayor seguridad de cobro para los proveedores.En la misma línea de asegurar mayores garantías a los fabricantes para evitar los riesgos de los impagados, el departamento que dirige Vicente Albero propugna que las empresas de distribución estén obligadas a suscribir una póliza de seguro por las cantidades cuyos pagos han sido aplazados. Esa cifra, de acuerdo con los datos que manejan las industrias alimentarias, asciende en estos momentos a más de un billón de pesetas.

Los representantes de la industria alimentaria coinciden con la Administración a la hora de primar la seguridad en el cobro. Fuentes del sector recalcan que "más que un acortamiento de los pagos aplazados, lo que nos preocupa es la existencia de garantías reales de cobro".

Plazos máximos

En función de estos objetivos, la nueva disposición contemplaría unos plazos máximos y no mínimos de pago para impedir que se produzcan aplazamientos desmesurados, que en algunos casos han llegado a más de un año.

Igualmente, el Ministerio de Agricultura pretende que cuan-do se haya fijado un plazo de pago, la empresa distribuidora lo cumpla escrupulosamente.

La Administración y las industrias también coinciden en que las modificaciones se realicen en un periodo largo, de varios años, con el fin de no provocar problemas añadidos en la distribución.

Al margen de definir con claridad este conjunto de nuevos criterios, Agricultura aún no tiene decidida la forma legal de llevarlos a cabo, aunque maneja esta alternativa: Modificar la Ley de Sociedades Anónimas o elaborar una nueva disposición específica.

La solución a los problemas derivados de los pagos aplazados constituye una de las reivindicaciones más reiteradas durante los últimos años tanto por la industria alimentaria como por otros proveedores de la gran distribución.

Fruto de esa reiteración, en la legislatura anterior Convergència i Unio (CiU) presentó una proposición no de ley en el Parlamento. Esa iniciativa fue rechazada por el Pleno del Congreso, pero dio lugar a la constitución de una comisión de trabajo para recabar más información.

Tras ese intento, y con la renovación del Parlamento por medio, el estudio de las posibles soluciones quedó en barbecho. Ahora, después de sonoras sus pensiones de pagos como las de las cadenas de distribución Digsa y Más por Menos, se ha vuelto a desenterrar el debate por iniciativa de los ministerios de Agricultura y Comercio, cuyos responsables, Vicente Albero y Javier Gómez Navarro, respectivamente, manejan ideas coincidentes.

Además, ambos tratan de armonizar estos cambios con otras modificaciones que afectarán al mundo de la gran distribución, como la regulación de los horarios comerciales. La posibilidad de que las grandes superficies sigan manteniendo sus puertas abiertas domingos y festivos subyace en el fondo del debate.