Belloch anuncia que el aborto será regulado por una ley especial a comienzos de 1994
El criterio del Gobierno es que la decisión última recaiga en la mujer
La ampliación de la despenalización del aborto para que la decisión última corresponda a la mujer se anticipará al Código Penal y se hará al margen del mismo, dada la dificultad para alcanzar un consenso sobre esta materia, según aseguró ayer el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, en la clausura del 80 congreso de Jueces para la Democracia. El anteproyecto de ley especial del aborto estará concluído en el primer trimestre de 1994, según el ministro, quien reiteró su oferta de pacto de Estado sobre la justicia, entendida "como cuestión suprapartidaria y supracorporativa"
[Belloch confirmó en relación con el tema del aborto lo que recogía el documento aprobado al viernes por el Consejo de Ministros sobre el impulso democrático en su apartado sobre reforma de la Justicia. A éste mismo tema se refirió el mismo día en Bonn el presidente del Gobierno, Felipe González].El ministro de Justicia recordó a sus antiguos compañeros de asociación que, aunque había "cambiado de empleo", seguía asistiendo a éste como a todos los congresos de la asociación de la que es cofundador. Reiteró la necesidad de
pacto social y de Estado" para recuperar la iniciativa en el proceso de profundización de la democracia en el ámbito de la justicia" y puso fechas a algunos de sus proyectos.
Así, anunció para 1994 tanto la reforma organizativa como la procesal, de gran incidencia sobre el funcionamiento de la oficina judicial. Prometió el proyecto de Código Penal, revisado según el informe del Consejo General del Poder Judicial y las opiniones de los penalistas y otros sectores jurídicos, para enero de 1994, y aparte, mediante ley especial, la ampliación del aborto, para que no estorbe el consenso sobre el código. Anunció "para los primeros meses de l994" el proyecto de ley de jurado.
Belloch respondió a las críticas de la asociación judicial progresista, que, tras un largo debate, aprobó en la jornada anterior -por 68 votos a favor, 14 en contra y 14 abstenciones- el "rechazo" al borrador de anteproyecto de ley sobre reforma de la ley orgánica del poder judicial "en lo que se refiere al régimen disciplinario". La discusión fue iniciada por un texto más duro del magistrado Perfecto Andrés, firmado por más de 50 asociados y en el que se consideraba inaceptable el texto ministerial porque no aseguraba "la eficacia del cumplimiento de los deberes profesionales de los jueces" y, en cambio, incluía "un intento de control ideológico de la actividad judicial".
El ministro de Justicia recordó que tal borrador era "un mero material de trabajo" y saludó como positivo que Jueces para la Democracia mantenga "su identidad y actitud crítica hacia el poder y el establecimiento", al tiempo que, citando a Ludwig Wittgenstein, reprochó a sus críticos que "para convencer a alguien de la verdad no es conveniente establecer la verdad". Belloch indicó que "sólo el resultado del intercambio de puntos de vista se convertirá en el anteproyecto de ley".
Entre las críticas al diseñado nuevo régimen disciplinario de los jueces, el congreso se pronunció "enérgicamente en contra de cualquier propuesta de intervención administrativa en el contenido de las resoluciones jurisdiccionales y de cualquier intento de control ideológico de la actividad judicial", así como se aprobó el diálogo con el Ministerio de Justicia.
En cuanto al tema central del congreso, el derecho de las minorías, Belloch señaló que "la crisis de la justicia se enmarca en una mayor, que afecta al mundo de la marginación". Explicó que "la situación de los extranjeros y con los extranjeros", enfatizó, "es la manifestación más extrema y descarnada de la crisis general del mundo moderno".
Minorías
El ministro de Justicia estimó necesario "aplicar el derecho a la igualdad de las minorías" con un "sentido dinámico de discriminación positiva", y añadió: "Ése es el gran reto que nos espera". Previamente a la sesión de clausura, fueron leídas las conclusiones del congreso, entre ellas la petición al poder legislativo para que en el futuro Código Penal la medida de expulsión de extranjeros "no agrave ni mantenga los defectos y lagunas" actuales.
Asimismo, se recordó al Gobierno que el 0,2% del producto nacional bruto que recogen los Presupuestos del Estado para ayuda al desarrollo del Tercer Mundo es insuficiente, por lo que debe aumentarse "al menos al 0,7%" recomendado por la ONU. También se asumió una declaración de la Federación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, dirigida a las autoridades colombianas, frente a los expedientes disciplinarios contra dirigentes de la asociación judicial colombiana Asonal.
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