Belloch pide a los agentes jurídicos que pacten la reorganización de la justicia

El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, pidió ayer a los agentes jurídicos que debaten la reforma de la Administración de Justicia que pacten la reforma procesal y organizativa del servicio público judicial. En cambio, preguntado sobre la ampliación de la despenalización del aborto, consideró que para ello "no es necesario el mismo amplio consenso que para penalizar una conducta".En un encuentro con informadores organizado por el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro -que da continuidad a la tradición establecida por su antecesor, Antonio Pedrol Rius-, Belloch recordó que lleva 10 años defendiendo un pacto de Estado sobre la justicia y pidió a los agentes jurídicos -asociaciones de jueces, fiscales, abogados y otros juristas- que, sean cuales sean sus criterios sobre otras materias, "se pongan de acuerdo sobre la reforma procesal y organizativa de la justicia".

Belloch fue preguntado sobre algunas de las cuestiones que dividen a la derecha y a la izquierda jurídica, como el sistema de acceso a la carrera judicial o la regulación de la policía judicial. La derecha defiende el sistema de oposiciones y la izquierda su supresión, al tiempo que considera urgente la regulación de una auténtica policía judicial. El ministro de Justicia declinó manifestar su posición sobre estas materias para no entorpecer el acuerdo entre las asociaciones. Ni siquiera quiso pronunciarse sobre el nuevo régimen disciplinario de los jueces, que todas las asociaciones rechazan por distintas razones.

Respecto a la despenalización del aborto -Belloch insiste en que la decisión última debe tomarla la mujer"-, el ministro de Justicia mantiene que "mientras hay que contar con las minorías para crear una nueva figura delictiva, no hay que lograr igual consenso para despenalizar una conducta penalizada". La posición del ministro abre el camino a una ampliación del aborto apoyada por el PSOE e IU.

Enmiendas

En cuanto al proyecto de Código Penal, que prevé que esté en el Parlamento a principios de 1994, Belloch informó de que se están integrando al anterior texto muchas de las enmiendas formuladas por los grupos parlamentarios, así como que se ha pedido la opinión de "todos los catedráticos de Derecho Penal" y del Consejo General de la Abogacía y otras entidades jurídicas. El ministro también se negó, "para no dificultar las negociaciones sobre el proyecto", a expresar su posición sobre la exigencia conservadora del cumplimiento íntegro de las penas por parte de terroristas y narcotraficantes y su posible exclusión de los beneficios penitenciarios.

Sobre el acceso de los abogados al ejercicio profesional y sobre la gratuidad de la justicia para quienes carecen de suficientes recursos, Belloch apostó por el acuerdo con el Consejo General de la Abogacía -si bien insistió en que el Estado "no sólo debe proporcionar financiación al turno de oficio, sino también asegurar su buena gestión y su calidad"-, y trasladó al "conjunto de la sociedad" este compromiso. Martí Mingarro coincidió con el ministro, recordó la autorreglamentación realizada por los abogados y aseguró que han disminuido las quejas.

Respecto al jurado, Belloch explicó su diseño de un jurado puro de siete personas, con garantías judiciales sobre las pruebas e inicialmente dedicado a homicidios, delitos de los periodistas, corrupción, desacato y a los cometidos por jueces y otros funcionarios públicos, como el de cohecho [ofrecer o recibir dádivas a cambio de un favor]. No obstante, expresó sus dudas sobre el de prevaricación [dictar resolución injusta a sabiendas], por su carácter más técnico.