Un catálogo contrarreloj

Desde trasplantes a suturas en una herida; desde un análisis de sangre a un tratamiento oncológico en un acelerador lineal de electrones. Desde hormonas del crecimiento a un calmante. Todo esto se hace actualmente en la sanidad pública. Se trata de productos, en este caso servicios sanitarios, que pueden ser de carácter curativo, preventivo o de educación para la salud.Hacer un catálogo de prestaciones es el primer paso de la racionalización. En Canadá ha sido la Asociación de Médicos Hospitalarios quien ha solicitado la confección de un catálogo. Y ésta ha sido también la primera medida propuesta por la reforma sanitaria de Hillary Clinton en Estados Unidos, siguiendo el modelo adoptado en el Estado de Oregón tiempo atrás. Pero acometer esta tarea en un plazo de dos meses, como pretenden los responsables sanitarios españoles, es un propósito casi temerario. Todos los expertos consultados coinciden en que este plazo es insuficiente si se quiere hacer algo más que una chapuza.

Primero hay que acordar un criterio de clasificación, y en la actualidad existen varios, cada uno de los cuales ha dado lugar a un listado distinto. Entre otros muchos puntos de vista, se puede catalogar por patologías, por actividades, o también por intervenciones teniendo en cuenta su coste-utilidad.

En España existe un antecedente parcial con la clasificación realizada para establecer el pago de coste por proceso en la Fundación Jimenez Díaz, de Madrid, a su vez inspirada en el sistema de la Clínica Universitaria de Navarra. Este instrumento tuvo en principio una finalidad presupuestaria: saber cuánto cuesta cada intervención con objeto de destinar los recursos suficientes.

Uno de los aspectos que inquietan a los médicos es de qué forma van a elegirse los representantes médicos que integren la comisión que elabore el, catálogo. Para Antonio Damiano, miembro de la junta directiva del Colegio de Médicos de Madrid, es "insuficiente que haya un solo representante por cada comunidad autónoma. Pensamos que en esa comisión debería estar representada la opinión de cada especialista, recabando la información suficiente de las sociedades médicas", explica. "Si hablamos, por ejemplo, de limitar las prótesis de cadera es evidente que ahí tendrían mucho que decir los traumatólogos y que es difícil que tenga la debida información otro especialista".

Parecida opinión expresa Marciano Sánchez Bayle, de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, quien considera "difícil" establecer la relación coste-eficacia en algunas prestaciones. "El catálogo debe ser un sistema de evaluación permanente con unos criterios de inclusión y exclusión de prestaciones muy claros y muy contrastados".