Reforma económica

Con una mezcla de azoro e indredulidad encontramos al mundo en el umbral de un nuevo milenio. Para unos es hora de balance; para otros, de reflexión; pero para todos el fin del siglo XX aparece como una gran expectativa de futuro. Hoy, más que nunca, la convivencia es una necesidad de todos y no privilegio de unos cuantos.Presenciamos la conformación de un nuevo orden internacional en el que las naciones buscan sumar sus recursos y capacidades para crear frentes estratégicos y poder actuar en un contexto de creciente competitividad.

La sociedad contemporánea enfrenta una doble agenda de problemas: por un lado, rezagos estructurales en los que se incuban pobreza y marginalidad, es decir, los obstáculos básicos para alcanzar el desarrollo democrático y el bienestar general; por el otro, conflictos que la modernidad subraya: el cuestionamiento y legitimidad de los procesos políticos y electorales, el repunte de nacionalismos exacerbados y la necesidad de proteger la vida y conservar el medio ambiente, entre otros.

Hemos vivido en un siglo de agitación y cambio permanente; un siglo que, en sus transformaciones, ha dejado grandes enseñanzas que son referencias para no equivocarnos al optar por el futuro. Estos años nos recuerdan que ningún principio ideológico puede eliminar las circunstancias históricas de cada nación y que el respeto a la pluralidad es la base misma de la existencia de las sociedades. Asimismo, nos han mostrado que en el interior de cada nación la convivencia democrática es una forma de vida que trasciende la esfera política para vincularse con el quehacer cotidiano de los individuos: toda democracia tiene frente a sí el reto de incorporar a las inmensas mayorías en la toma de decisiones.

En México, estos procesos de cambio ejercen una gran influencia. Se trata de un país de perfil cada vez más urbano y cuya estructura social es diversificada. A los actores sociales de siempre se suman día con día otros nuevos que demandan atención oportuna y eficaz para sus problemas. En esta dinámica la población plantea la urgencia de establecer novedosos mecanismos de relación con el Estado, que le permitan participar en la base de las instituciones y hacer de las tareas de Gobierno un ejercicio de responsabilidades compartidas.

Como consecuencia del proceso revolucionario de 1910, el Estado desempeñó funciones que correspondían a la sociedad. Durante varios decenios las estrategias de desarrollo lo convirtieron en el principal promotor de la actividad productiva. Con el tiempo, el valor original de estas acciones fue desvirtuándose, impidiendo a las instituciones desempeñar una acción efectiva, tanto para atender problemas como para anticipar los cambios.

Así, en la segunda mitad de los ochenta, la economía mexicana presentaba signos negativos de gran preocupación: un considerable déficit fiscal; un índice inflacionario que giraba alrededor del 200% anual; una enorme deuda externa, cuyo pago absorbía una buena parte de los recursos disponibles; un ritmo de crecimiento insignificante, con una pérdida creciente de liquidez, y una estructura productiva que, en términos generales, era obsoleta para enfrentar las demandas nacionales, así como para competir en el mercado internacional.

Para corregir esta situación, el Gobierno del presidente Salinas de Gortari diseñó e impulsó, con el consenso social, una política económica encaminada a recuperar y a asegurar el ritmo de crecimiento, con el requisito de mantener la inflación bajo control. En este sentido, uno de los primeros pasos consistió en sanear las finanzas públicas y eliminar el déficit fiscal. Para ello, se continuó impulsando la privatización de empresas públicas no prioritarias, iniciada en el Gobierno de Miguel de la Madrid, que representaban una carga para el erario porque, en la mayoría de los casos, operaban con grandes pérdidas.

Por otra parte, la reforma económica puso énfasis en la modernización del sector productivo y en crear las condiciones indispensables para abrir la economía a la competencia internacional y a la inversión extranjera; asimismo, la renegociación de la deuda externa redujo significativamente los recursos destinados a su pago y despejó horizontes para el inicio de nuevos proyectos de inversión.

Clave en el éxito para el combate a la inflación ha sido la política de concertación con los sectores productivos y sociales que ha impulsado el Gobierno a efecto de moderar el crecimiento de los precios, sin necesidad de intervenir en su fijación y garantizado el abasto. Gracias a ello, durante 1993 se podrá alcanzar la meta de reducir a un dígito la inflación.

Los resultados de estos esfuerzos permitieron también poner en marcha una reforma que, sin contratiempo alguno, introdujo a partir de enero pasado una nueva unidad monetaria, equivalente a la eliminación de tres ceros en la moneda anterior.

Por lo demás, México no ha sido ajeno a las tendencias que conducen a la conformación de espacios regionales de competencia comercial. Por ello, participa en la iniciativa de crear un libre mercado en América del Norte con Estados Unidos y Canadá. La suscripción del Tratado de Libre Comercio constituye sólo un elemento más para impulsar el desarrollo económico del país. Desde ningún punto de vista se considera como una panacea; sin embargo, participar en ese bloque comercial significa para el país enfrentar grandes desafíos: tiene que aumentar la calidad y competencia de sus productos y redoblar sus esfuerzos en las áreas que cuentan con niveles de excelencia, así como enfrentar los riesgos que se derivan de su asimetría con Estados Unidos.

La historia muestra que nuestro poderoso vecino no es de fácil trato. No será sencillo actuar con él en calidad de socio sin vernos, a menudo, presionados política y económicamente. México cuenta con una tradición diplomática basada en el principio de autodeterminación, en el que ciframos nuestra independencia y soberanía. El futuro de la relación dependerá del equilibrio que logremos entre los acuerdos comerciales que nos integran al mercado más grande del mundo y la facultad para regirnos con plena autonomía y libertad.

La reforma económica ha tenido un alto sentido comunitario, ya que los beneficios generados por la gestión macroeconómica se han destinado al gasto social. Con el Programa Nacional de Solidaridad se han ampliado y mejorado los servicios educativos, médicos y de asistencia social, en general, a la vez que el Estado ha podido promover una amplia movilización social, pues en él participan millones de personas. Resulta evidente que este programa ha mostrado ser un instrumento eficaz para resolver las necesidades del sector mayoritario de la población, pero su permanencia, como un valioso modelo de gestión comunitaria, depende de que se logre consolidar en las entidades federativas y en los municipios como el eje conductor de sus políticas públicas regionales.

El nuevo papel del Estado en la economía permite consolidar instituciones claves para la definición y permanencia de las políticas determinantes del desarrollo. Una muestra de este propósito ha quedado de manifiesto con la reciente reforma constitucional que brinda autonomía al Banco Central para que, libre de vaivenes políticos y de requerimientos de coyuntura, imprima mayor confianza y estabilidad a la conducción económica y financiera del país.

Los cambios se han desarrollado en muy corto tiempo y han modificado las estructuras económicas de la nación. Sin duda, toda reforma en profundidad supone riesgos y, en este sentido, no puede negarse que la nuestra, pese a los programas compensatorios, ha tenido un costo social que se manifiesta en la todavía lenta recuperación de los salarios mínimos. Lo importante es que prevalece un consenso acerca de la bondad de las reformas sobre la oportunidad de iniciar una etapa reintegradora de equilibrios y, especialmente, en torno a un optimismo generalizado que minimiza riesgos futuros. Comparado con otros países que han reincidido en una política autoritaria, el ejemplo de México radica en que ha podido realizar sus ajustes sin alterar el orden constitucional, con un claro propósito de que la liberalización económica coincida con una apertura de espacios para las libertades políticas.

La actual política económica, en nuestro caso, ha ido de la mano del impulso social. La circunstancia en que se mueve le da, forzosamente, el empuje que exige trascender la gestión de Gobierno para convertirse, por ese mismo mandato social, en una auténtica política de Estado.