Peligra el pacto social al cerrarse sin acuerdo la negociacion para la subida de las pensiones

El primer punto de la negociación del pacto social por el empleo, la negociación para la revalorización de las pensiones, se cerró ayer sin acuerdo. Sindicatos y Gobierno destacaron que éste era el único punto dónde los objetivos era idénticos: mantener el poder adquisitivo de las pensiones y asegurar la estabilidad del sistema.Esta coincidencia no ha sido suficiente porque la cláusula de garantía que aplicará el Ejecutivo es "inaceptable" para los sindicatos. Sólo se pagarán atrasos con una inflación muy elevada, que las centrales cifran en el 7%, es decir, en el doble del objetivo de precios fijado por el Gobierno. Sin embargo, en 1995 se compensará la hipotética desviación de los precios de 1994 con una subida de la base de las pensiones, pues el Gobierno pretende aplicar su formula hasta 1996.

Pese a la falta de acuerdo, en 1994 las pensiones subirán un 3,5%. Trabajo gastará el próximo año 5,7 billones de pesetas en pensiones, lo que supone un incremento del 7,5% respecto al presupuesto inicial de 1993. De esa subida, el 3,5% se destina a revalorizar todas las pensiones vigentes, el 3,4% a las nuevas prestaciones -más altas y más numerosas que las que causan baja- y el 0,6% restante a complementos de mínimos -mejorar las nuevas pensiones que no alcanzan la prestación mínima- Esas cifras fueron facilitadas en la mañana de ayer por el ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, en su primera comparecencia como titular de ese departamento en la Comisión de Política Social del Congreso de los Diputados. Griñán mostró su confianza, ante los diputados, en que por la tarde se alcanzaría un acuerdo sobre la revalorización de las pensiones para 1994.

No ocurrió así. Tras apenas dos horas de discusión, los sindicatos anunciaron el fracaso total de esta negociación, que ellos presumían la menos complicada, y mostraron su pesimismo sobre el pacto social. El representante de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, augura "un futuro negro para las negociaciones". Su compañero Agustín Moreno fue más lejos al afirmar que "más que un pacto por el empleo, nos aproximamos a una confrontación". Desde UGT, Apolinar Rodríguez, sentenció que el desacuerdo de ayer "no es una diferencia de opinión entre Gobierno y sindicatos sino la quiebra de nuestro modelo de cohesión social".La clave de la discordia fue la cláusula de revisión que el Gobierno puso ayer sobre la mesa. Se trata de una fórmula que nunca se había aplicado en España y que, en la práctica, sólo garantiza el pago de atrasos si la inflación es muy superior a la prevista. Según los cálculos de los sindicatos, los precios deben crecer el doble del objetivo de inflación para que se paguen esos atrasos.

El Gobierno defiende que, con su cláusula, "se mantiene pero no se gana poder adquisitivo". El cálculo que defiende Trabajo es, en líneas generales, el siguiente: las pensiones suben, desde enero un 3,5%, es decir, toda la inflación prevista para el año, pero la pérdida de poder de compra se mide mes a mes. Por ejemplo, si el IPC de enero sube un punto, como la pensión ha crecido 3,5 puntos, queda una mejora de 2,5 puntos como remanente para los meses siguientes. Este cálculo se repite a lo largo de todo el año.

Los sindicatos argumentan que, con una subida lineal de la inflación, esta cláusula sólo se pondría en marcha con alzas de precios superiores al 7%. El IPC tendría que ser aún mayor si la inflación sube sobre todo a final de año y algo menor si los precios se aceleran al principio del ejercicio y se frenan después.

Además del desacuerdo que ha provocado esta propuesta, las centrales lamentaban ayer que el Gobierno ponga en bandeja a los empresarios una fórmula "que pervierte los principios de la cláusula de garantía". "Creo que empezamos a darles pena a los empresarios", dijeron los sindicalistas, quienes consideran que "habría sido más honesto por parte del Gobierno decir que no había dinero para la revisión".

Marcos Peña, secretario general de Empleo, justificó así la decisión del Gobierno: "En pensiones hemos hecho un esfuerzo ajeno al rigor presupuestario y a la crisis económica". Por esta causa, la mejora de las pensiones mínimas de viudedad, las de orfandad y asistenciales queda aplazada a enero de 1996.