Una discusión de 1.200 millones de pesetas

La participación autonómica en la recaudación del impuesto sobre la renta en el territorio apenas supondrá un coste de 1.200 millones de pesetas para la caja general del Estado. Según, la tercera propuesta del Gobierno, presentada ayer, la diferencia entre lo que recibirían las autonomías con el nuevo sistema respecto del anterior, de haberse aplicado en 1993, supondría una ganancia clara para Cataluña y Andalucía, y pérdidas de alguna importancia para Galicia, Aragón y Castilla y León. Se trata sólo de un ejercicio teórico aplicado al año en curso que, como punto de partida, sería neutral.En el documento entregado ayer por el Gobierno a los consejeros autonómicos -Procedimiento para la aplicación de la corresponsabilidad fiscal en el sistema definanciación de las comunidades autónomas- se incluyen por primera vez los cálculos económicos que resultan de las complicadas fórmulas. El resultado es que la diferencia entre el sistema vigente y el que incorpora la participación en el IRPF -1.200 millones de pesetas- no justificaría el escándalo político que se ha organizado.

La foto fija para el año de partida es un ejercicio teórico que revela lo que pasaría de haberse aplicado la corresponsabilidad fiscal en 1993, con la salvedad de que se trata de un año neutro; es decir, que las diferencias se sumarían o restarían para que el resultado final no varíe. La cantidad a neutralizar -1.200 millones- es insignificante desde el punto de vista de los 1,755 billones de pesetas que alcanza el total de fondos que perciben las 15 comunidades autónomas como participación en los ingresos del Estado.

Según los cálculos entregados ayer, comunidades como Cataluña y Andalucía tendrían una diferencia a su favor, mientras que otras como Galicia, Aragón y Castilla y León estarían en desventaja. Aunque en el primer año todas las autonomías se quedan como -estaban respecto del sistema vigente, lo significativo es que, con la nuevas fórmulas propuestas por el Gobierno, las de mayor ventaja estarían en mejores condiciones para obtener ganancias en los años siguientes.

Lo que está en discusión es hasta qué tope se deja al nuevo sistema operar en caída libre, tanto al alza como a la baja. La propuesta entregada ayer por el Gobierno es que se ponga una "cláusula de garantía" para que ninguna comunidad reciba menos de lo que le correspondería con el sistema vigente. Por el contrario, el Gobierno propone un "coeficiente corrector" a la baja para aquellas que consigan superar la recaudación estimada. Este coeficiente no está determinado en el documento.

La cuestión de los topes al alza o a la baja es esencial en un sistema de corresponsabilidad fiscal, motivo por el cual la decisión se ha aplazado hasta la nueva reunión del Consejo de Política Fiscal, el 7 de octubre. Tampoco quedó claro cuál es el punto de partida. Las comunidades autónomas quieren que sea la recaudación real, mientras que el Gobierno, en el documento entregado ayer, propone que se tenga en cuenta, además de este aspecto el del valor añadido bruto. Éste es un indicador económico que mide la producción, en este caso para cada comunidad autónoma, y permite estrechar el abanico entre lo que realmente se recauda y lo que se debería obtener por el IRPF de acuerdo con la riqueza generada. En definitiva, permite fijar la participación autonómica en el IRPF con relación también al fraude fiscal y primar o penalizar los avances en este terreno.La importancia política de la corresponsabilidad fiscal radica también en que éste es un primer germen de algo que, según se acordó ayer, deberá ir más allá. El techo máximo lo tienen en estos momentos el País Vasco y Navarra.

Ambas autonomías tienen capacidad para aprobar sus propias leyes fiscales, aunque en el impuesto sobre la renta es prácticamente una copia del estatal, y recaudan directamente para luego hacer cuentas con la Administración central. El resto de las comunidades se someten a las leyes generales y recaudan directamente, según los casos, el impuesto del patrimonio, las tasas sobre el juego, entre otros tributos de menor importancia.