El Gobierno no logra cerrar el pacto del IRPF

El Gobierno no logró ayer cerrar el pacto obre la participación autonómica en el IRPF (impuesto sobre la renta). El Consejo de Ministros deberá afrontar hoy la aprobación del proyecto de Presupuestos enerales del Estado para 1994 sin saber si contará con el respaldo de la mayoría en el Parlamento. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, tras la frustrada reunión de cuatro horas celebrada en Madrid, acordó celebrar otra sesión el próximo día 7. El acuerdo está pendiente de dos aspectos claves: cuánto le corresponderá a cada autonomía y qué topes se ponen a las desviaciones. Cataluña consideró "inaceptable" la propuesta del Gobierno, aunque no se levantó de la mesa, mientras que Baleares, Extremadura y Andalucía mantienen discrepancias.

El principal avance en la reunión de ayer es que no se han roto las negociaciones. Sin embargo, el Gobierno se había marcado el objetivo de aprobar los Presupuestos -necesariamente en el Consejo de Ministros de hoy con el problema de la participación autonómica en el IRPF resuelto. El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, restó importancia a este hecho al afirmar que "todavía queda tiempo hasta el 31 de diciembre".El problema es que este acuerdo es la principal condición impuesta por el Gobierno de Cataluña para completar una mayoría en el Congreso de los Diputados que permita aprobar los presupuestos.

El consejero catalán de Economía, Maciá Alavedra, no se levantó de la mesa pero señaló que no estaba autorizado para asumir los compromisos del acuerdo. Pedro Solbes declaró que "el Gobierno siempre ha considerado que la aprobación de los presupuestos y la participación autonómica en el IRPF son cosas distintas", y añadió que el Ejecutivo va a continuar "hablando con ClU sobre los presupuestos".

Con el desacuerdo de Cataluña, la abstención de Baleares y Extremadura, y los reparos de Andalucía, el Consejo acordó seguir negociando el próximo 7 de octubre, con la tramitación de los presupuestos ya en marcha.

Contador a cero

El Consejo planteó que el acuerdo tenga dos años de vigencia, frente a los tres que, sin ningún tipo de revisión, demanda Cataluña. El Ejecutivo quería también que en cada uno de los años de vigencia del acuerdo se pusiera el contador a cero; es decir, que las ganancias o las pérdidas de recaudación no se consolidaran.También se acordó en principio que las comunidades autónomas tengan una participación en la Agencia Estatal de la Administración Tributaría, algo que ya estaba previsto en el actual acuerdo de financiación (19921996), pero que no se ha puesto en práctica. Igualmente, se decidió encargar a un grupo externo de expertos la elaboración de un libro blanco sobre servicios mínimos, que deberá presentarse antes del 30 de junio de 1994.

La llamada "nivelación" de servicios mínimos persigue establecer qué grado de prestaciones básicas -en educación y sanidad, por ejemplo- deben recibir los españoles independientemente de la comunidad en que residan. Se trata de limar las desigualdades existentes, basándose en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica.

Además, se ha acordado, como cuestión de principio, profundizar en los niveles de corresponsabilidad fiscal autonómica. Salvo estas cuestiones, el núcleo básico de la participación autonómica en el IRPF ha quedado pendiente para la reunión del día 7. En concreto, se trata de definir qué recaudación es la que determina la cantidad a percibir por cada comunidad y qué topes se ponen a las desviaciones sobre la base de la máxima neutralidad posible.

La discusión está en si se toma como punto de partida la recaudación por IRPF real en cada territorio sobre la base de los resultados del año 1993 -tal como proponen las autonomías -o si el cálculo se hace además por otros baremos que permitan tener en cuenta el fraude fiscal, como propone el Gobierno.

Sobre los topes, el debate está en cómo se corrige al alza o a la baja lo que cada autonomía consiga recaudar. Las autonomías ricas, como Cataluña, querrían llevarse todo lo que ganen, mientras que las pobres quieren limitarlo al máximo para evitar mayores desigualdades. Solbes se refirió a que "Cataluña tenía una posición más ambiciosa" que el resto.

Tras la reunión, el ministro de Economía se mostró optimista y aseguró: "Casi todos hemos estado de acuerdo en la filosofía general, pero aún quedan por resolver los problemas técnicos". Para el consejero de Extremadura, Manuel Amigo, la propuesta del Gobierno exige "mecanismos de corrección", porque, si no, Ilevaría beneficios para unas comunidades y pérdidas para otras".

Fernando Bécquer, consejero de Economía de Castilla y León, comunidad gobernada por el PP, afirmó que "el Gobierno ha mostrado una enorme capacidad de diálogo, por lo que esperamos se pueda alcanzar un acuerdo".

El consejero anadaluz Jaime Montaner (PSOE) afirmó: "Queremos ser corresponsables, pero no aceptamos una fórmula técnica donde Andalucía tenga que hacer un sobresfuerzo mayor para tener ganancias equiparables a las comunidades históricas".