El fiscal pide 200 millones de indemnización al Ayuntamiento de Barcelona por presunto delito ecológico

El fiscal considera que el Ayuntamiento de Barcelona es el responsable subsidiario de Ia contaminación sufrida en la laguna de La Ricarda, espacio protegido dentro de la reserva natural del delta del río Llobregat. Por ello, el fiscal pide al consistorio que abone 200 millones de pesetas como indemnización. La petición fue formulada en el juicio celebrado ayer en la Audiencia de Barcelona por un supuesto delito ecológico originado por los vertidos contaminantes de un depósito de la Guardia Urbana de Barcelona destinado al prensado y desguace de vehículos. Las consecuencias, para el fiscal, fueron la muerte de un centenar de peces y el daño directo a especies de la reserva, como las aves zancudas.Los acusados, para quienes el fiscal pide tres años de cárcel, son el responsable del servicio de mantenimiento de edificios de la Guardia Urbana, Federico Balanzó; y el gerente y jefe de Sección de la empresa Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (SMASSA), Delfin Carod y Bonifacio Febrero, respectivamente. La causa judicial se inició por la denuncia presentada en 1992 por la asociación de Defensa del Patrimonio de la Naturaleza (DEPANA).

El depósito de la Guardia Urbana está situado en la finca llamada El Palmeral -en el término de El Prat- y, según los testimonios de los acusados en el juicio, funcionaba sin los preceptivos permisos para el almacenamiento de vehículos ni para su prensado. "Estaban en tramitación, según mis informaciones", afirmó uno de los procesados, Federico Balanzó.

El criterio del fiscal de que los citados residuos dañaron el acuífero no fue compartido por las defensas de los acusados, quienes niegan que el único agente responsable de la contaminación sea el depósito de desguace, ya que la laguna está en una zona industrial y desemboca en una playa -la de El Prat- en la que está prohibido bañarse. Si el tribunal accede a la petición del fiscal, 100 millones de la indemnización corresponden al ayuntamiento de El Prat y los otros 100 a la Dirección General de Medio Natural de la Generalitat.