El Gobierno pide que se investigue a las petroleras por prácticas monopolísticas

Las críticas arrecian contra las petroleras españolas. A las acusaciones de prácticas restrictivas a la competencia lanzadas por las multinacionales del sector y por los transportistas, se ha unido ahora un organismo oficial, el Ministerio de Transportes, que ha pedido al Tribunal de la Competencia que investigue y, en su caso, corrija esas prácticas. Según una carta enviada al presidente del Tribunal, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por el secretario general de Transportes, Manuel Panadero, "existen elementos suficientes para justificar la intervención del Tribunal".

La carta enviada por el Ministerio de Transportes al Tribunal de la Competencia apoya las tesis de los transportistas de mercancías por carretera. Éstos tuvieron oportunidad de transmitírselas al ministerio en las negociaciones que mantuvieron en agosto tras haber convocado sendas huelgas en el sector (una de las cuales -la de los autónomos de Fenadismer- se llevó a cabo) en protesta por la subida del precio del impuesto de los carburantes. La patronal, CETM, por su parte, también ha trasladado las protestas al Tribunal, aunque la denuncia la ha tenido que dirigir primero al Servicio de Defensa de la Competencia, dependendiente del Ministerio de Economía y paso previo para que llegue al Tribunal.El mercado petrolero español está controlado por las empresas Repsol, CEPSA (participada por la francesa Elf) y BP Oil España, que copan en torno al 90% (93% si sólo se contemplan gasolinas y gasóleo de automoción). La preocupación de Transportes por los precios de los carburantes de estas compañías ya se hizo latente en una primera carta enviada a Fernández Ordóñez el pasado marzo en la que denunciaba algunas de las prácticas presuntamente oligopolísticas y que, en esencia, son las siguientes:

El precio antes de impuestos de la gasolina súper y del gasóleo de automoción en España es 2,3 pesetas superior a la media de la CE. Si se consideran sólo los seis países (Bélgica, Alemania, Holanda, Italia, Francia y Reino Unido) que se tienen en cuenta en la fórmula para fijar los precios máximos, la diferencia es de 2,9 pesetas. Y si sólo se compara con Italia y Francia, los precios antes de impuestos en España son 5 pesetas más caros en gasóleos y 4,9 en la súper.

Los precios de venta al público de los derivados del petróleo en las gasolineras son prácticamente idénticos aunque los vendan diferentes operadores.

Los precios de venta al público han dejado de tener un margen con respecto al precio máximo autorizado hasta llegar a coincidir.

Aunque la mayoría de los usuarios (transportistas, ya sean autónomos o empresas con flota reducida, y automovilistas) pagan los precios fijados en las gasolineras, existen grandes empresas de transporte que obtienen descuentos del 25%.

Hay indicios de repartos territoriales de mercado entre las empresas distribuidoras en algunos productos de venta al por mayor como el fuel y el gasóleo de calefacción.

Según refleja la carta, Transportes puede demostrar documentalmente los descuentos del 25%, lo que a su juicio, "parece demostrar la existencia de márgenes importantes para la competencia de precios" entre los operadores.

Por todo eso, Panadero entiende en su carta que existen elementos suficientes para la intervención del Tribunal de la Competencia "a fin de investigar y, en su caso, corregir la existencia de prácticas restrictivas de la competencia en el sector de la producción, distribución y venta de derivados del petróleo, cuyos efectos resultan totalmente negativos para el buen funcionamiento del sistema de transportes, para el nivel adquisitivo de los ciudadanos españoles, para la competitividad de las empresas del sistema económico en su conjunto y para los índices de inflación".

Las acusaciones de Transportes se unen a las que han venido presentando ante la Comisión Europea las multinacionales que operan en España y que no están integradas en empresas españolas. Ambas partes coinciden en sospechar que todas las circunstancias que concurren en el sector (coincidencia de precios paralelos, aproximación a los máximos, descuentos a grandes consumidores...) responden a prácticas concertadas para mantener una posición dominante. La Comisión ya advirtió la pasada primavera a las refineras españolas de que evitaran prácticas monopolísticas. En el caso de Transportes, Panadero asegura en la carta que estas actuaciones "implican una importante perturbación en el correcto funcionamiento del sistema de transportes por el que este departamento debe velar".

El malestar del ministerio que encabeza José Borrell ha llevado a plantearse la posibilidad de introducir alguna modificación en la fórmula de fijación de precios. Podrían suprimirse las dos pesetas, o bien reducirlas a una, del suplemento que se añade al precio medio antes de impuestos de los seis países centrales de la Comunidad Europea.