A lomos de la mar

Un edicto de la Comandancia Militar de Marina regula su navegación. En tierra, es la Dirección General de Costas la que autoriza su explotación, pero es la policía local, si dispone de un servicio de playa, la que denuncia sus posibles infracciones. Éstas, previo paso por el capitán de navío de la Armada, acaban en poder de la Marina Mercante, que impondrá como término medio multas que oscilan entre las 5.000 y las 10.000 pesetas.Eso, si algún Ayuntamiento, como es el caso de Torremolinos, no elimina todos los trámites de un plumazo prohibiendo que varen en sus costas las máquinas de la discordia, debido al peligro que supone la navegación en las playas de las motos acuáticas.

"En el verano de 1991 yo era concejal de playas y se produjeron varios casos de accidentes. En Almería a una chica la mató una moto. Aquí los accidentes fueron leves, así que de acuerdo con Costas, decidimos suspender las motos" explica el alcalde accidental de Torremolinos, el concejal de Turismo del PSOE, Antonio Romero.

"Son unos artefactos rápidos y peligrosos por las personas que lo manejan. Se alquilan a menores que tienen su interés en estar lo más cerca de la playa. Ellos se acercaban y para evitar males mayores decidimos suspender la actividad", concluye el edil, que insinúa que ese tipo de pilotos busca lucir sus habilidades en la proximidad de la playa para regocijo de sus amistades.

Una amalgama de disposiciones legales no impide, a la hora de la verdad, que bañistas sin preparación alquilen los artefactos -que en teoría requieren del piloto la titulación de patrón de embarcación de recreo-, y se acerquen con riesgo a la playa como a menudo sucede este verano en la zona oriental de Málaga, según se queja un responsable de la Cruz Roja del Mar.

Control "un poco suelto"

La demarcación de Costas de Andalucía mediterránea advierte que el próximo verano serán más restrictivos y no se darán licencias para la explotación comercial de estas máquinas en playas de gran concurrencia de bañistas. Un portavoz del citado organismo, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, reconoce que el control de las motos acuáticas "anda un poco suelto" y que una vez más "la legislación va por detrás".Esta fuente oficial de Costas desconoce cuántas explotaciones comerciales de estos artilugios están autorizadas por su propio organismo para asentarse en las playas de Málaga, ya que en las peticiones de autorización no se especifica qué tipo de embarcaciones de recreo se establecerán en la zona acotada.

El concejal de playas del Ayuntamiento de Fuengirola, el independiente Francisco Morales, considera que el problema de las motos acuáticas lo tienen solucionado con las cuatro zonas delimitadas con las preceptivas balizas y "con la obligación de los concesionarios de disponer de un mando automático de parada del vehículo cuando navegan a menos de 200 metros de la playa".

Lo que es más difícil de controlar son los que el edil denomina "furtivos" que a la postre son propietarios de motos que pueden adquirir en cualquier establecimiento especializado y bajarse a su antojo a la playa lejos de los edictos de la Comandancia de Marina y ajenos a las autorizaciones de explotación de Costas.

El pasado día 1 de junio, el capitán de navío José Luis Fernández Taviel de Andrade, en su calidad de jefe de la Comandancia Militar de la Marina en Málaga, promulgaba un edicto relativo a la seguridad de la vida humana en el mar y la navegación de las plataformas fijas o los buques civiles en evita ción de posibles accidentes en las zonas ocupadas por bañistas.

El comandante de Marina especifica en su orden que las motos acuáticas, como embarcación que supera os tres nudos de velocidad (unos 5,5 kilómetros por hora) deben salir de canales de arranque y varada balizados con corcheras a lo largo de una longitud de 200 metros, quedando prohibida la navegación a menos de esa distancia de la orilla.

Expedientes por negligencia

La Marina no dispone de medios suficientes para vigilar el cumplimientos de esta disposición, que queda en manos de los ayuntamientos que poseen efectivos de la policía local destinados a la vigilancia de las playas. "Este verano hemos tramitado algo más de media decena de expedientes por negligencia de tripulantes de motos acuáticas, dos o tres de Torremolinos y otros tantos en Benalmádena y Fuengirola, señala José Luis Fernández Taviel. La denuncia es tramitada a la Marina Mercante que se encarga de imponer multas cuya cuantía económica no supera las 10.000 pesetas como término medio."La gente es muy anárquica, hay poca vigilancia y hoy día las sanciones son lentas", resume el responsable de la Comandancia para apostillar: "En este tema no se puede andar a la ligera, porque luego todo son defectos de forma y entonces la instrucción de la denuncia no sirve para nada". El militar sólo recuerda un caso en el que la sanción administrativa concluyó con la requisa de la máquina.

Fernández Taviel rechaza de forma contundente que se prohiban las motos acuáticas por los accidentes que su uso han provocado hasta ahora y considera "desproporcionada" la medida que desde hace dos veranos aplica el Ayuntamiento de Torremolinos. "Es un artefacto como cualquier otro, si siguiéramos el ejemplo que hacemos con los coches y las carreteras" añade el capitán de Navío, que afirma que los ayuntamientos deben controlar estas actividades y disponer de franjas balizadas para que puedan partir de las motos de las playas.