Hacienda garantiza una ventaja financiera a las autonomías que participen en el 15% del IRPF

El Gobierno pretende que el nuevo sistema de financiación autonómica sea neutral, es decir, que las comunidades no perciban ni más ni menos dinero del que obtendrían si no cambiara nada. La única ventaja, previstaen el documento que está entregando Hacienda a los consejeros autonómicos, es que si las comunidades no consiguen recaudar todo lo previsto, el Estado se lo cubrirá, y si se pasan no tendrán que rendir cuentas hasta un año después. El documento explica que"la carga financiera que representa para la Hacienda estatal [el nuevo sistema] es perfectamente asumible en las actuales circunstancias". Por su parte, las comunidades que no se enganchen ahora al nuevo sistema podrán hacerlo en el futuro.

El documento entregado por el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Martínez Robles, a los consejeros de las autonomías consta de 21 páginas y está plagado de fórmulas matemáticas. En esencia, se trata de abrir un camino, todavía tímido, hacia la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. Es decir, que los ciudadanos tengan claro que los servicios que les presta su comunidad están financiados por sus impuestos. Ahora también sucede así, pero este efecto se pierde en el laberinto de la financiación autonómica.La propuesta de Hacienda respeta todos los criterios básicos para la financiación autonómica contenidos en el acuerdo de enero de 1992, con vigencia hasta 1996. Técnicamente "cambia el fuero, pero no el huevo", como explica un consejero autonómico. Pero políticamente, añade, "abre una pequeña puerta para la verdadera corresponsabilidad fiscal". Consiste en que una de las variables, el esfuerzo fiscal, se dinamiza para ligar la recaudación en el territorio a la financiación que percibe cada comunidad, pero ello no modifica el resultado final. La suma es la misma que la prevista en el acuerdo de financiación, pero sus componentes son distintos.

El problema es que si este sistema se implanta en caída libre, con el tiempo las autonomías ricas recibirían más, aunque las pobres quedaran como están, y aumentarían las desigualdades. La razón es que en los últimos años el grueso de la financiación que reciben las autonomías (participación en los ingresos del Estado) ha crecido más lentamente que el impuesto sobre la renta. Por ello el nuevo sistema incluye fórmulas correctoras partiendo de un año base: 1994.

Precedente claro

No todo se quedará en lo comido por lo servido. El documento de Hacienda prevé dar una pequeña ventaja financiera a las comunidades que sobrepasen la recaudación teórica que se les ha asignado y garantiza a las que no lleguen que no perderán recursos. La ventaja para las que ganen es que hasta el año siguiente no deberán devolver al Estado lo recaudado de más.

El sistema de corresponsabilidad fiscal no es nuevo, ya que existe un precedente claro y mucho más avanzado en el sistema actual de impuestos cedidos. Ahora casi todas las comunidades recaudan directamente los impuestos del patrimonio, actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales, sucesiones y tasas del juego.

Las excepciones son Baleares, Cantabria y Madrid, que no recaudan las tasas de juego. Madrid tampoco tiene cedido el impuesto sobre actos jurídicos documentados y sólo este año ha obtenido el del patrimonio. Todo lo que recaudan directamente las comunidades se lo quedan en sus arcas y se lo descuentan de la participación en los ingresos del Estado que les corresponde (según la recaudación por impuestos directos, indirectos, cotizaciones a la Seguridad Social y por desempleo). El sistema está diseñado para que nunca la comunidad reciba más por tributos cedidos que por participación en los ingresos del Estado.

El problema que se ha planteado con la participación en el 15% de la recaudación territorial del impuesto sobre la renta es que algunas comunidades -Madrid, Cantabria y Baleares- sobrepasarían con todos los tributos cedidos el límite de financiación que tienen asignado como participación en los ingresos del Estado. Otras comunidades que quedarían fuera -Murcia, Asturias y Aragón- rebasarían la financiación asignada si además de sus tributos cedidos participan con el 15% de la recaudación en su territorio. De aquí que las últimas sorprendidas por su exclusión hayan sido las autonomías afectadas. Fuentes de Hacienda aseguraron ayer que esta exclusión no es definitiva, sino que se pueden estudiar mecanismos de incorporación.