La CE multa a España con 26.500 millones por incumplir la cuota lechera en 1989
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España deberá pagar este año a la Comisión Europea 170 millones de ecus (unos 26.500 millones de pesetas) por la sobreproducción lechera de 1989. La sanción global, que incluiría el incumplimiento de las cuotas desde ese año hasta el actual asciende a 960 millones de ecus (casi 150.000 millones de pesetas), según las estimaciones que se desprenden de las decisiones tomadas por la Cormsión. El Ministerio de Agricultura español señaló ayer que el importe global depende de la negociación de la multa que se haga cada año. Grecia e Italia también han sido sancionadas a pagar 200.000 millones.
LLUÍS BASSETS, En la liquidación de cuentas para España, correspondiente a 1989, la Comisión ha decidido que además de los 50 millones de ecus que ya han sido pagados, según señalaba ayer Agricultura, hay otros 1,20 millones más "que van a ser destinados a la financiación de un nuevo programa de abandono voluntario de producción de leche que será aprobado con carácter inmediato por el Ministerio".Tres países comunitarios -Grecia, Italia y España- se hallan implicados en el incumplimiento de las cuotas lecheras, problema en el que coinciden un error estadístico que llevó a una valoración excesivamente modesta respecto a su capacidad productiva y unos sistemas de control y de recaudación muy .imperfectos. Todo ello ha llevado, primero, a una revisión de las cuotas, lecheras y, después, a una depuración de las cuentas que da como resultado una factura para los tres países comunitarios de 2.310 millones de ecus (346.000 millones de pesetas).
La Comisión Europea ha contabilizado de forma retroactiva las nuevas cuotas, que otorgan -todavía a título provisional- a España (500.000 toneladas más), a Italia (900.000) y a Grecia (100.000 toneladas). Las simples cuentas que corresponden a las cuotas reales de estos años arrojan una multa todavía más elevada de 2.160 millones de ecus para España (324.000 millones de pesetas), de 2.760 (414.000 millones de pesetas) para Italia y de 62 (9.300) para Grecia. En total, suponen casi 5.000 millones de ecus (unos 750.000 millones de pesetas).
Cuotas retroactivas
El sistema de valoración decidido ayer por la- Comisión Europea significa la imposición de cuotas retroactivas para los tres países afectados, pero el carácter provisional de las nuevas cuotas lecheras no permite cerrar el caso hasta que no se conviertan en definitivas, cuestión que debe decidir el Consejo de Ministros.
Fuentes de la Comisión Europea consideran que los ministros, incluido, el español, Vicente Albero, aceptaron implícitamente la actual multa precisamente cuando accedieron a aumentar la cuota lechera.
La primera parte de la multa, los 170 millones de ecus (25.500 millones de pesetas) que corresponden al año 1989, ya está liquidada. Queda un cierto margen de maniobra en la liquidación de las anualidades desde el año 1990 hasta 1993 para que Italia y España intenten ajustar las cantidades de la penalización. Según el Ministerio de Agricultura, la Comisión irá decidiendo cada año "lo que se hace con la supertasa de los años 1990, 1991 y l992". Fuentes de este departamento indicaron que el propio ministro habló ayer telefónicamente con el comisario europeo de Agricultura, Rene Steichen, quien le aseguró que la Comisión estudiará en septiembre con qué criterios se aplica la multa para 1990.
Italia, que ha visto aumentada su cuota lechera a casi el doble que España, cuenta con una multa mucho mayor, de 1.345 millones de ecus (200.000 millones de pesetas), y Grecia, en cambio, con la nueva cuota queda prácticamente fuera, con sólo cinco millones de ecus (600 millones de pesetas). En el caso italiano, además, fuentes del Reino Unido y de Alemania aseguran que no ha habido únicamente un problema de error estadístico, sino de fraude lechero, por lo que lo propio es el pago de la multa íntegra.
[La organización agraria española COAG rechazó ayer en un comunicado la sanción "injusta" impuesta por Bruselas y anunció que exigirá al Gobierno y al Ministerio de Agricultura que recurran la sanción y presionen políticamente para su anulación.]
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