Sin pisos y a lo loco

El autor de este artículo, portavoz de un grupo político que presentó al fiscal los documentos del escándalo de la adjudicación de pisos tasados, detalla los pormenores de este caso y analiza la situación de los diversos planes de viviendas municipales, semiparalizados o sencillamente aparcados por el Ayuntamiento del PP

El escándalo de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) se está pareciendo mucho al final de la película Con faldas y a lo loco: un millonario pide matrimonio a un Jack Lemmon caracterizado de mujer. Ante la insistencia del magnate, Lemmon se quita el disfraz y dice: "Es que soy un hombre". Y él replica: "Nadie es perfecto".Éste parece ser el mensaje que trata de transmitir al pueblo de Madrid su alcalde, cuando ha llegado a reconocer la existencia de recomendaciones en la concesión de 233 pisos el pasado diciembre, matizando que este tipo de prácticas no pueden ser tachadas de corrupción.

Y ese reconocimiento no ha sido gratuito, sino forzado por la aparición de nuevas evidencias que han convertido el escándalo de la EMV en una enorme bola de nieve que cae cuesta abajo desde hace ya cien días, y amenaza con arrastrar consigo al PP municipal. Nadie discute ya en el Ayuntamiento la existencia de importantes, irregularidades en este asunto.

A raíz de las denuncias que afloraron en el proceso de adjudicación del denominado programa de viviendas de precio tasado en el Ayuntamiento de Madrid, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propuso la creación de una comisión de investigación. Se aprobó la iniciativa y comenzó la revisión del proceso. Las conclusiones a que ha llegado IU son muy claras:

1. La Empresa Municipal de la Vivienda ha incurrido en una grave irresponsabilidad administrativa por no haber constituido una comisión técnica para evaluar la documentación presentada por los 3.574 solicitantes admitidos al concurso de adjudicación de viviendas.

2. El baremo aprobado por el Consejo de Administración de la EMV valora algunos' aspectos que no están incluidos en la documentación exigida inicialmente. Se produce, por tanto, una inadecuación entre los requisitos a exigir para la participación en el sorteo (determinados por el pleno municipal) y los que establece el baremo.

En manos de la justicia

3. Existen, al menos, 52 agraciados que no reúnen todos los requisitos esenciales aprobados en la convocatoria para la adjudicación de vivienda, y 11 solicitantes excluidos que sí reunían las condiciones.

4. El alcalde no ha desmentido explícitamente sus declaraciones sobre la existencia de recomendación en la concesión de pisos.

5. El problema de gestión detectado en la Empresa Municipal de la Vivienda no puede resolverse exclusivamente en el ámbito político-administrativo, al haber tomado cartas en el asunto el ministerio fiscal, que está estudiando el caso.

6. Los particulares a quienes el presidente de la EMV envió una carta comunicándoles la adjudicación de una vivienda carecen de derechos reales sobre la misma, según dictámenes jurídicos encargados por IU, aunque los afectados pueden exigir danos y perjuicios.

7. La responsabilidad político-administrativa (y, en su caso, penal) corresponde al equipo de gobierno del PP, en general; a sus representantes en la EMV, en particular, y al equipo técnico, en lo concreto.

Hoy el caso está en manos de la justicia y en pleno debate social. En la justicia, porque la fiscalía de Madrid abrió una investigación al destaparse el escándalo, proceso en el que ha colaborado la coalición Izquierda Unida con la entrega de información al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fue calificada de valiosa por el propio fiscal.

Y el caso palpita también en la sociedad, porque el problema de la vivienda angustia a miles de ciudadanos que sufren las consecuencias de una errónea y especulativa política urbanística.

Resulta escandaloso que la clave de este asunto sea la concesión injusta de pisos a algunas personas que no reunían los requisitos exigidos del concurso. Y hay que recordar que Izquierda Unida ha aportado documentación fundamental para probar estas irregularidades.

El panorama

Quede bien claro que Izquierda Unida no polemiza con el PP a costa de los ciudadanos. Las principales víctimas de todo este lío son los madrileños que acudieron a solicitar una vivienda a las oficinas de la EMV. Por eso Izquierda Unida, siempre se ha negado a anular sus derechos. Hay que depurar los expedientes mal gestionados, pero no deben pagar justos por pecadores. Por eso la Administración de Justicia tiene mucho que decir.

La vivienda se convirtió en el centro político durante las elecciones municipales que llevaron al Partido Popular al poder. A estas alturas de su legislatura (llevan gobernando dos aflos), éste es el panorama de su programa en este tema tan acuciante: más del 50% del suelo del Plan 18.000 no ha sido adjudicado definitivamente; a esta paralización hay que sumarle la anulación de los acuerdos plenarios de diciembre de 1989, donde se aprobó un programa de suelo para 22.000 viviendas de protección oficial (VPO) y la promoción de 14.000 más en régimen de alquiler.

Finalmente, la estrella de su programa: el plan de viviendas de precio tasado (VPT) está resultando un fracaso.

La primera entrega de las promociones de estos pisos ha quedado congelada, a la espera de la decisión del fiscal, quien debe dilucidar si ha existido o no delito en el proceso de concesión irregular de estas casas. Los madrileños bien pudieran sentir que esta historia se resume en una película: sin pisos y a lo loco.