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El Papa reconoce que los abusos sexuales existen en la Iglesia

La Conferencia Episcopal de EE UU, dispuesta a castigar a los sacerdotes que acosen a menores

Antonio Caño

Forzado por la histórica iniciativa de la Conferencia Episcopal norteamericana, que ha prometido combatir los escándalos sexuales protagonizados por obispos y sacerdotes, el Papa ha reconocido por primera vez la existencia de casos de abuso de menores por parte de miembros de la Iglesia y se ha ofrecido a colaborar con la jerarquía católica de EE UU para castigar a los autores de esos delitos. En una carta dirigida a los obispos norteamericanos, citando palabras de Cristo de que es mejor hundirse en el mar que dar escándalo, Juan Pablo II se muestra "profundamente dolido al comprobar que esas palabras pueden ser aplicadas a algunos ministros del altar".

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Esta posición de la Santa Sede rompe un largo silencio oficial sobre un asunto que ha conmocionado no sólo a la sociedad norteamericana, sino a toda la comunidad católica del mundo. En su carta, dada a conocer el lunes en Washington pero fechada el 11 de junio -es decir, anterior a la conferencia de Nueva Orleans-, el Papa afirma que comparte el dolor y la preocupación de la Iglesia de este país por los niños "lastimados tan gravemente" por los casos de abuso sexual a menores.Juan Pablo II ofrece en esa carta toda su colaboración en la persecución de los culpables y pone al servicio de los obispos norteamericanos la aplicación de la leyes canónicas, que contemplan la posibilidad del expulsar de la Iglesia a los autores de esos graves sucesos.

Al mismo tiempo, el Papa advierte a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos que actúe de forma prudente y no se deje llevar por la "forma sensacionalista" en que los medios de comunicación tratan los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica. Dos casos han saltado especialmente a los titulares de la prensa, los de los sacerdotes norteamericanos Veter Allan Burns y James R. Porter, inculpados por abusos sexuales con menores.

La Iglesia norteamericana decidió en una reunión de obispos celebrada la pasada semana en Nueva Orleans la creación de una comisión de ocho miembros para investigar los casos de abuso de menores denunciados hasta la fecha y estudiar las medidas apropiadas de castigo. En su carta, el Papa ofrece un grupo de expertos del Vaticano para ayudar en esa investigación.

"Quiero estar seguro de que todos los obispos comprenden la profundidad y la seriedad, el dolor y la agonía de este problema, y por qué ataca al corazón de la Iglesia y a su credibilidad", declaró el obispo John Kinney, que encabeza el comité de investigación.

El presidente de la Conferencia Episcopal norteamericana y arzobispo de Baltimore, William Keeler, afirmó que toda la Iglesia de este país se siente "fortalecida al saber que el Papa ha tomado en su propio corazón la preocupación, tanto por las víctimas como por los sacerdotes que cometieron los abusos".

Juan Pablo II advierte, sin embargo, que "la mayoría de los obispos y sacerdotes son fieles y devotos seguidores de Cristo" y, pidiendo discreción, afirma que es necesario garantizar a todos los miembros de la Iglesia "el derecho fundamental de que los individuos no sean expuestos al ridículo ante la opinión pública".

En un tono mucho más enérgico, el informe de la conferencia de Nueva Orleans se queja de la falta de decisión de la jerarquía católica: "las acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de sacerdote católicos y la incapacidad de algunas autoridades para actuar con auténtico liderazgo pastoral ha desencadenado una crisis considerable en la Iglesia".

La aplicación de las leyes canónicas lleva, por otro lado, a una significativa contradicción con las leyes civiles. Así, mientras, por ejemplo, la ley de la Iglesia considera la mayoría de edad a partir de los 16 años, las leyes civiles de EE UU y de la mayoría de los países, extiende ese reconocimiento a los 18 años.

Al mismo tiempo, las leyes canónicas establecen que ningún miembro de la Iglesia puede ser penalizado por un delito cometido hace más de cinco años, lo que dejaría impunes algunos de los casos denunciados.

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