España adquiere el mejor arte de siete siglos

"Éste es un día grande para nosotros y para España", dijo ayer una triunfal Carmen Cervera tras el anuncio de la compra por el Estado español de la colección Thyssen, la pinacoteca que engloba el mejor arte mundial de siete siglos. El Consejo de Ministros, aprobó ayer la compra de los 715 cuadros que se exhiben en el Palacio de Villahermosa de Madrid y los otros 60 que se expondrán en el Monasterio de Pedralbes de Barcelona por un precio total de 350 millones de dólares (44.100 millones de pesetas al cambio de ayer) a pagar en cinco anualidades. Según el acuerdo, que se firmará el lunes y en el que no figura la autorización del hijo menor de edad del barón Thyssen, será finalmente la Fundación Thyssen-Bornemisza la propietaria de los cuadros y del palacio de Villahermosa.

Dos grandes escollos han flotado sobre la complejísima operación jurídica y económica que garantiza para el Estado la propiedad absoluta de los cuadros de Heinrich Thyssen-Bornemisza. La minoría de edad de Alexander, hijo menor del barón, obstaculizó un proceso que se ha tenido que solventar no con la firma del menor sino a través de pactos testamentarios. El otro inconveniente fue un dilema sobre la propiedad: mientras el barón apoyó desde un principio que fuera la Fundación Thyssen la dueña de la colección, la parte española defendía que fuera directamente el Estado. Para resolver este asunto, a favor de la fundación, tuvo que intervenir el presidente del Gobierno, Felipe González, que dio luz verde a la continuidad de las negociaciones.Con la firma del contrato entre ambas partes el próximo lunes culmina la operación cultural española más espectacular del siglo, iniciada en 1987 por el entonces ministro de Cultura, Javier Solana, quien ayer por la tarde mostró su satisfacción visitando el museo. Los términos de la operación fueron presentados ayer por el actual ministro de Cultura, Jordi Solé Tura; el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza; el subsecretario de Cultura, Santiago de Torres, y el abogado Rodrigo Uría, artífice de los aspectos jurídicos.

Jordi Solé Tura explicó que el 30 de junio de 1992 se firmó una carta de: intenciones entre ambas partes, en la que, además de fijar ya el precio de 350 millones de dólares, se establecían una serie de criterios básicos para la negociación posterior. La vigencia de este documento, que ha estado guardado en la caja fuerte del Ministerio de Cultura, terminaba el 1 de septiembre de 1993 y fijaba como fecha límite para el cierre de las negociaciones la del pasado 1 de marzo, día a partir del cual ambas partes podían denunciar el convenio y dar al traste con toda la operación. El Gobierno y los herederos de la colección decidieron prorrogar hasta el 1 de julio la fecha límite "De no haberse firmado antes del 1 de julio, todo el acuerdo previo se podía volver a poner en discusión, incluido el precio", señaló Solé Tura, quien, a preguntas de los periodistas, aseguró que el Partido Popular estaba al tanto de estos límites.

Condiciones de la operación

Según los términos y condiciones de la compra, será el Estado quien proporcione a la Fundación Thyssen la necesaria aportación financiera para que ésta adquiera la propiedad de la colección previo pago de 350 millones de dólares a Favorita Trustees Limited, entidad propietaria de la misma.

Además del pago, el Estado español y la Fundación Thyssen se obligan a los acuerdos siguientes: 1. La colección deberá ser albergada, y expuesta al público, con caracter indefinido, en el Palacio de Villahermosa de Madrid, que será cedido por el Estado español a la Fundación. 2. Los cuadros de la colección no podrán ser enajenados, embargados ni gravados. 3. Se respetará siempre el principio de unidad de exposición de los cuadros. 4. Los estatutos de la fundación se modificarán de acuerdo con la nueva situación y establecerán que su patronato estará compuesto por 12 miembros, de los que ocho serán nombrados por el Gobierno español y los cuatro restantes los designará la familia Thyssen. 5. El Gobierno se compromete a cubrir los déficit presupuestarios de la fundación de forma que ésta pueda atender en todo momento el pago de sus obligaciones y gastos. 6. El patrimonio de la fundación revertirá inmediatamente al Estado en caso de disolución de la misma. A partir del lunes, con la firma de los documentos, se inicia un proceso que durará un par de meses y que incluye la reunión de la Diputación Permanente para que dé su visto bueno, la modificación de los estatutos aprobada el pasado jueves por el actual Patronato de la Fundación, el nombramiento de los patronos y la firma de los pactos testamentarios de cuatro de los cinco herederos, excluido el escollo de Alexander, de 18 años, quien, según la legislación suiza, no alcanzará la mayoría de edad hasta que cumpla los 20. Los otros cuatro herederos son Carmen Cervera, esposa del barón, Heini hijo, Francesca y Lorne.

Según explicó el abogado Rodrigo Uría, Alexander no supone "ningún escollo" para la operación. Ante la incapacidad jurídica de que un menor edad diera su consentimiento a los acuerdos, se plantearon dos posibilidades: la de que fuera un tutor, en este caso su madre, la brasileña Denisse Shorto, la que estampara la firma, o la de que la operación se llevara adelante sin esta firma y que fuera el propio Alexander quien se adhiriera al acuerdo una vez alcanzada la mayoría de edad. Se ha optado por esta última porque, según señaló Uría, en el caso "harto improbable" de que Alexander denuncie en un futuro la operación, los acuerdos referidos a la propiedad española de la colección son intocables, "ya que no se perjudican los derechos hereditarios de este hijo del barón". "Un heredero sólo puede denunciar una operación si se perjudican sus derechos hereditarios, algo que no se da en este caso", dijo Uría. De acuerdo con las leyes suizas, sí podía haber habido problemas en un futuro si la madre de Alexander o algún representante legal hubiera firmado en su nombre. "En este caso, Alexander hubiera tenido alguna posibilidad de combatir dicho consentimiento".

El patronato estaba formado, hasta ahora, por seis miembros de la Administración y otros seis designados por la familia Thyssen, bajo la presidencia del barón. Tras la modificación de los estatutos, el patronato estará compuesto por ocho miembros designados por el Gobierno (cuatro de ellos procedentes de la Administración y cuatro de libre designación) y cuatro elegidos por los Thyssen. Aunque podría haber modificaciones, estos cuatro serán Carmen Cervera, el primogenito del barón, Heini Junior, la infanta Pilar de Borbón y Simon Levy, ex director del R¡jsmuseum de Amsterdam. La presidencia de este patronato recaerá en el ministro de Cultura y el barón pasa a ser presidente honorario sin derecho a voto.

El acuerdo fue calificado ayer por Izquierda Unida de "despropósito político", mientras que Luis Eduardo Cortés, del PP, dijo que su opinión personal es que "hay cosas en la vida que trascienden el valor del dinero".