Movimientos de tropas en Chile mientras son procesados jefes militares

Soldados fuertemente armados se apostaron ayer en torno al edificio de la Comandancia del Ejército, donde el jefe de la institución, el ex dictador Augusto Pinochet, se reunió con los generales para analizar la apertura de un proceso judicial por presunta estafa, que involucra a uno de sus hijos y a altos oficiales. El inusitado refuerzo de la guardia, en un recinto ubicado muy cerca del palacio de Gobierno, e informes posteriormente desmentidos de movimientos en otras unidades, provocaron alarma, mientras el presidente chileno, Patricio Aylwin, se encontraba en Dinamarca, en una gira por Europa.

En Santiago, un portavoz del Gobierno calificó de normal la situación y atribuyó el redoble de la vigilancia a la seguridad de la reunión de generales después de que en la víspera hubiera algunos atentados con bombas y una marcha que culminó con incidentes y detenidos.Desde Copenhague, Aylwin declaró que la democracia no corre peligro en Chile. El jefe del Estado afirmó que la reunión del alto mando del Ejército "habría sido convocada para referirse a un asunto que está en manos de los tribunales de justicia".

Aylwin se refirió así a la reciente renuncia del Consejo de Defensa del Estado ante la justicia, por el presunto delito de fraude al risco, a través de la compra de una empresa que efectuó el Ejército en 1989, durante el último año de la dictadura. El Ejército pagó cerca de tres millones de dólares, en tres cheques, a Augusto Pinochet Hiriart, hijo del general Pinochet, por un paquete de acciones que le permitía quedarse con la propiedad de Valmoval Limitada, una empresa en quiebra, fabricante de fusiles.

Una comisión de la Cámara de Diputados investigó esta adquisición en 1990, primer año de transición a la democracia. Aunque el informe de los diputados reveló irregularidades, no estableció culpables, después de que en diciembre de ese año el Ejército presionara acuartelando sus tropas. La Cámara traspasé los antecedentes a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado, dos organismos autónomos.

El caso, que la prensa bautizó como los pinocheques, estaba casi olvidado, después de que la Controlaría no tomara medidas. Pero sí lo hizo el Consejo de Defensa del Estado, que en abril pasado interpuso la denuncia por estafa al Quinto Juzgado del Crimen de Santiago. En la denuncia, según versiones periodísticas, aparecen involucrados dos generales del Ejército y oficiales de alta graduación. El diario gubernamental La Nación indicó ayer que cinco generales ya han declarado en el proceso, lo que, sin embargo, fue desmentido por un abogado cercano a la institución.

Unidades de élite

"El Ejecutivo no tiene ninguna intervención en la materia y yo no veo por qué el ejercicio de las atribuciones propias de los tribunales de justicia puedan motivar inquietud y deliberaciones en ninguna institución", manifestó ayer el presidente Patricio Aylwin a los periodistas que lo acompañan en su gira por Dinamarca. Aylwin indicó que la situación estaba bajo control en Santiago de Chile.

La vigilancia de la sede de la Jefatura del Ejército, por parte de docenas de soldados de las tropas de élite, con uniforme de combate, chalecos antibalas y provistos de ametralladoras y lanzacohetes, no parecía proporcionada para la seguridad de la reunión de generales. Parlamentarios expresaron ayer su preocupación por la coincidencia del refuerzo de la guardia con la apertura del proceso de los pinocheques.

El jueves, una marcha organizada por el Partido Comunista, que encabeza la oposición de izquierda al Gobierno, culminó con una treintena de detenidos y disturbios entre los manifestantes y la policía, que empleó mangueras y gases para disolverlos. Durante y después de la marcha, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, un grupo guerrillero de extrema izquierda que siguió en armas pese al comienzo de la democracia, se adjudicó la explosión de cinco bombas que sólo causaron daños menores.

Uno de los artefactos estalló en la tumba del ex presidente chileno Eduardo Frei, padre del candidato de la coalición de Gobierno a la elección presidencial de diciembre, el democristiano Eduardo Frei Ruiztagle. Ninguno de los incidentes tuvo magnitud como para justificar el refuerzo de la vigilancia.

Insólito despliegue

La inquietud del Ejército no se extendió al resto de las ramas militares. El jefe de la Armada declaró que su institución estaba trabajando con normalidad y no hubo informes sobre movimientos en el resto de las Fuerzas Armadas.

Al atardecer concluyó la reunión de los generales, que se retiraron del recinto sin hacer declaraciones a los numerosos periodistas congregados en el lugar. La vigilancia no fue, sin embargo, depuesta. Una veintena de jóvenes protestó en las cercanías contra el Ejército.

El insólito despliegue de vigilancia puso de manifiesto el carácter peculiar de la transición a la democracia en Chile, en que el Ejército ha conservado una cuota importante de poder. Círculos militares consideran que la permanencia de Pinochet al mando del Ejército ha servido como seguro para impedir, de hecho, juicios contra los círculos castrenses.

La transición, pese a su éxito económico y a la estabilidad general lograda, ha transcurrido observando con sobresalto a las Fuerzas Armadas. En diversas oportunidades, miembros del Ejército han sido sorprendidos espiando a políticos, e incluso interviniendo en las pugnas internas de la derecha, sin recibir sanciones convincentes.