Se fuga de la cárcel un oficial guatemalteco condenado por asesinar a un norteamericano
El capitán Hugo Roberto Contreras Alvarado, de los servicios de información de las Fuerzas Armadas guatemaltecas, se fugó ayer del Cuartel General del Ejército, la base militar más importante del pais, 48 horas después de haber sido condenado en segunda instancia por un tribunal militar a 20 años de prisión por haber ordenado el secuestro y asesinato del ciudadano estadounidense Michael Devine en julio de 1990.
El asesinato de Devine, un agricultor, se produjo en el marco de una matanza colectiva de campesinos perpetrada por soldados. en Potpun, en el norte del país. El capitán, de 38 años, fue absuelto en primera instancia en septiembre pasado, lo que provocó la suspensión de la ayuda militar norteamericana. Su condena posterior fue bien acogida por el Departamento de Estado, que la calificó de "precedente importante", ya que era la primera vez que se condenaba en Guatemala a un militar por ordenar un asesinato.La fuga del capitán provocó una reacción inmediata del Gobierno de Washington que, a través de su Embajada en Guatemala, instó al Gobierno de Jorge Serrano a que adopte todas las medidas necesarias para lograr la captura inmediata del oficial prófugo.
La fuga de Contreras Alvarado se produjo en momentos en que Guatemala vive una espiral de violencia callejera, debido a los desórdenes provocados por los alumnos del ciclo secundario, que piden la implantación de un documento de identidad estudiantil que les permitiría viajar gratuitamente en los transportes urbanos.
La ola de violencia alcanzó su máxima expresión con la muerte del estudiante Abner Hernández Orellana, de 17 años, herido de bala, presuntamente por uno de los guardaespaldas al servicio del. presidente del Congreso, cuando varios millares de estudiantes atacaron con piedras y botellas incendiarias a los coches de los parlamentarios, aparcados frente al Congreso.
El servicio urbano de autobuses está paralizado, las clases han sido suspendidas en los colegios públicos y privados, y el casco viejo de la capital ha sido virtualmente tomado por la policía. Se ha prohibido incluso el acceso a varias zonas del centro. Este panorama ha provocado un endurecimiento del Gobierno, y el presidente Serrano advirtió que recurrirá si es preciso al estado de excepción.
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