Sangre y sida

EN UN mes, la Administración sanitaria ha resuelto un problema que ha estado atascado durante años: el de la reparación económica debida a los hemofílicos (un, total de 1. 147, de los que han fallecido 418) infectados de sida mediante la transfusión de plasma contaminado entre los años 1983 y 1985. El hecho de que el acuerdo se haya producido en periodo preelectoral no le resta valor: responde a ineludibles exigencias de solidaridad con los afectados, pero también al propio interés de la Administración sanitaria en cortar de raíz reclamaciones judiciales que podrían resultar más onerosas.El caso de los hemofílicos contagiados de sida y el de los damnificados por la rotura de la presa de Tous son precedentes que auguran un cambio sustancial en el tradicional comportamiento del Estado ante las catástrofes masivas: el de intentar el remedio de sus secuelas desde la responsabilidad político-administrativa más que desde la lenta, costosa e hipotética respuesta de la vía judicial. En el caso de la presa de Tous, los poderes públicos no podían quedarse con los brazos cruzados ante la persistente falta de reacción judicial. Se ha comprobado que su decisión de adelantar a cuenta las indemnizaciones a los damnificados, además de obligada por motivos de urgencia, era legalmente posible. Adoptarla o no era sólo una cuestión de voluntad política.

En el caso de los hemofílicos, esta voluntad política ha sido evidente, aunque se ha manifestado también con retraso. El compromiso que ahora ha asumido la Administración -10 millones de pesetas de indemnización a cada afectado y el pago de pensiones a las personas dependientes económicamente- debería haberse tomado cuando se hizo evidente la magnitud del daño. Pero, entretanto, han sucedido algunos hechos que han podido acelerar el acuerdo: el caso de los hemofílicos infectados de sida provocó en Francia un resonante escándalo político que afectó al antiguo primer . ministro socialista Laurent Fabius. Y en España comenzaba a ser preocupante el número de demandas planteadas ante los tribunales por infectados de sida mediante transfusión sanguínea.

No hay por qué dudar de que en la actitud de los responsables de Sanidad, como afirma la subsecretaria del departamento, Ángeles Amador, ha influido de manera primordial "el dramatismo de la situación en que viven los hemofílicos y el ritmo con que la enfermedad diezma al colectivo". El hecho de que en el acuerdo se incluya a 175 personas no hemofílicas también contagiadas de sida por transfusiones de sangre muestra un expreso interés de no dejar ningún cabo suelto en este asunto. Las fuertes condenas y altas indemnizaciones judiciales -hasta 70 millones de pesetas- que se están produciendo en casos de contagio de sida por transfusión sanguínea aconsejan todas las cautelas. Pero la contundente respuesta judicial no debería provocar sólo reacciones defensivas o de carácter corporativista. Debería servir más bien de acicate para un debate serio y riguroso sobre la responsabilidad del sistema sanitario y la mejor forma de hacer frente a los riesgos de la medicina.