Desconcierto entre abogados y preocupación médica
La sentencia ha desconcertado a casi todos los letrados que participaron en el proceso por insólita y ha causado preocupación entre los médicos. Que un juez imponga condenas superiores a la que pide el fiscal no suele ocurrir. Puede suceder si el juez opte por imponer la pena más alta dentro de las previstas para cada delito. Es decir, si la franja está entre seis meses y seis años, el juez puede moverse entre ellas y escoger la que prefiera.El caso del contagio de Apolonia es especial porque el fiscal no acusaba y sí lo hacía la familia de la fallecida, que pedía penas inferiores a las impuestas. Algunos letrados opinaban ayer que para aumentar la pena, el juez estaba obligado a razonarlo. Creen que no lo ha hecho y en ello ven un claro motivo para ganar un recurso. Pero lo que ha sorprendido más es que la sentencia supere la indemnización pedida por la propia familia.
"Insólito", calificó otro juez. Para éste, las indemnizaciones se rigen por un principio de derecho civil por el cual las compensaciones económicas no pueden superar a las solicitadas. "Esto sí que sería modificado automáticamente en caso de recurso ante la Audiencia", comentó. Las cábalas de los abogados se convirtieron en interrogantes entre los médicos. ¿A partir de qué momento desde la invención de una técnica o un procedimiento terapéutico es responsabilidad del médico su aplicación?. ¿Quién determina cuándo deben aplicarse los avances médicos?
La divulgación de la sentencia causó gran preocupación en sectores médicos, en el Departamento de Sanidad y en el Colegio de Médicos de Barcelona, que la calificó de impresentable.
El Colegio de Médicos de Barcelona anunció, por su parte, que se reserva el derecho de iniciar acciones legales para revocar la sentencia. Algunos especialistas indicaron que el fallo puede favorecer una medicina defensiva por parte de los profesionales sanitarios, para evitar verse inculpados en causas penales.
Varios médicos resaltaron el hecho de que debe existir un marco previamente definido y tipificado a la hora de exigir responsabilidades penales por la aplicación o no de los avances en medicina, pues la investigación médica se caracteriza ahora por una rápida divulgación pública de los avances, antes incluso de su aplicación.
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