El fiscal recurre el fallo en el caso del acelerador del Clínico de Zaragoza
El fiscal del caso del fallo del acelerador del hospital Clínico de Zaragoza, José María Rivera, ha presentado un recurso contra la sentencia que sólo condenaba al técnico de General Electric que reparó el aparato. El ministerio fiscal considera a personal del hospital Clínico como responsable. Algunos abogados de la acusación particular también han presentado recurso o han anunciado que lo harán, al igual que la compañía multinacional. Los recursos han sido presentados ante la Audiencia de Zaragoza y el plazo concluye el 5 de mayo.La juez María José Gil Corredera condenó sólo a Mariano Conte Calonge, técnico de General Electric, empresa fabricante del acelerador y encargada de su mantenimiento, a una pena de seis meses y un día de prisión por un delito de imprudencia temeraria, y a indemnizar a los familiares de las 20 víctimas con un total de 418 millones de pesetas. En la sentencia, se consideraba responsable civil a General Electric.
El fiscal considera presuntamente responsables penales del accidente a personal del Clínico. En su relación figuran la directora del centro, Rosario Jaquotot, las fisicas Araceli Hernández y Esther Millán, el supervisor de enfermería Arturo Munarri y las ATS operadoras del acelerador Peña Zarazaga, Montserrat Ayala y Carmen García Royo. Rivera solicitó para todos ellos una pena de seis meses de prisión menor por un presunto delito de imprudencia con resultado de muerte.
Por otra parte, algunos abogados de la acción particular, entre ellos José Federico de Carvajal, en nombre de los familiares de uno de los fallecidos, han presentado recurso o han anunciado que lo harán contra la sentencia dada a conocer el 6 de abril.
Asimismo, General Electric recurrirá la sentencia en un intento de que la indemnización sea compartida por otros acusados, entre ellos el Insalud y el propio Estado. La multinacional se enfrenta a otra demanda de la Asociación de Afectados por el Fallo del Acelerador, por el abogado Michael Repiso en EE UU reclamando a la citada compañía hasta 58.000 millones de pesetas por indemnizaciones.
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