Una nueva realidad social

Considera el articulista que es imprescindible una nueva actitud de los poderes públicos hacia las fundaciones que no esté basado en la desconfianza ni en la excepción. Todo ello con el reforzamiento legislativo que se considere necesario para garantizar el cumplimiento del objetivo constitucional de interés general.

Quienes hemos dedicado una parte de nuestras vidas al mundo de las fundaciones comprobamos con alguna frecuencia la falta de sensibilidad con la que se acogen nuestras actividades en determinados sectores. Tal vez hayamos sido nosotros mismos responsables de no haber sabido transmitir la idea de que estamos asistiendo, en España y en todo el mundo desarrollado, a un incesante florecimiento de las fundaciones. Se está produciendo en todas las sociedades avanzadas y maduras una promoción de las actividades de los particulares en favor de la comunidad y están emergiendo, bajo el cobijo de las conductas solidarias plenamente compatibles con la modernidad y el progreso.Es probable que los sectores más reticentes con la plena aceptación y desarrollo de las fundaciones continúen participando de una vieja y caduca percepción de estas entidades como herederas de aquellas otras de carácter piadoso o benéfico que nacieron a favor de los vientos del proceso de secularización. Por el contrario, el resurgimiento del sector no lucrativo, por la vía del mecenazgo, del voluntariado y, muy principalmente, a través de las fundaciones es ciertamente formidable. Sólo en nuestro país existen unas seis mil fundaciones, aunque solamente unas cuatrocientas tengan verdaderamente este carácter. No olvidemos la labor encomiable que vienen realizando instituciones de tanto prestigio y solvencia como la Fundación Reina Sofía, la ya clásica Fundación Juan March y, más próximas en el tiempo, la Fundación Ramón Areces, la BBV, la Banesto, la del BCH, la CREAF, la propia Fundación ONCE y tantas otras que están compitiendo desde sus respectivos ámbitos y fines en la prestación de servicios sociales, culturales o asistenciales.

'Tercer sector'

Desde esta heterogeneidad, las fundaciones constituyen en España una nueva realidad social. Sobrepasan ya el círculo dé los directamente afectados por sus actividades y comienzan a tener impactos importantes sobre la sociedad en general, ayudadas por el prestigio de sus patronos y de sus propios gestores. Forman ya un tercer sector, como son denominadas en Estados Unidos, superponibles y en convivencia con lo público y lo privado. Uno de cada tres norteamericanos adultos participa como voluntario en el sector no lucrativo cumpliendo el compromiso de responsabilizar a los ciudadanos en las tareas de la comunidad, de modo que sus actividades significan un porcentaje próximo al 3% del PNB estadounidense. Aunque existen indudables carencias documentales por lo que se refiere a España y al objeto de poder calibrar la importancia cuantitativa de este sector, se acepta que el valor patrimonial de las fundaciones benéfico-asistenciales asciende a 300.000 millones de pesetas, a 28.000 millones en el caso de las benéfico-docentes o a 15.000 millones las fundaciones laborales.

Por lo que respecta a la Fundación ONCE, todavía de reciente constitución, cerró el ejercicio de 1992 con un presupuesto de 9.000 millones de pesetas, ampliado a 10.800 millones para el año en curso, destinados al mantenimiento y creación de empleo para personal discapacitado, eliminación de barreras arquitectónicas y adquisición de aparatos para incrementar la autonomía motriz y funcional de este colectivo.

La relevancia de estos datos viene a avalar las enormes posibilidades de crecimiento y expansión de esta nueva realidad social, sustentada en un mandato constitucional (artículo 34) y actualmente en proceso de desarrollo legislativo. Las fundaciones se han forjado ya un espacio propio, están colaborando en la vertebración social del país y son ya elementos imprescindibles en el momento actual del desarrollo del Estado. Los poderes públicos no pueden abarcar la amplísima y heterogénea actividad humana, individual o societaria. El papel del Estado y de las administraciones públicas está disminuyendo progresivamente en las materias que afectan a la vida de los ciudadanos, y en esa misma proporción se acrecienta la presencia y actividad de instituciones sin ánimo de lucro. En una sociedad moderna, el futuro de las fundaciones será particularmente brillante si se consolida el actual movimiento que emerge de la ciudadanía tendente a ampliar las oportunidades de participación social y de solidaridad. Estas oportunidades nacen de la creciente creatividad e innovación en la gestión privada, de la irrupción acelerada de nuevas tecnologías en la producción, de la expansión de altos niveles educativos y en las comunicaciones y que dotan a la sociedad de una mayor cohesión y de mayores y mejores expectativas de promoción.

Mutaciones importantes

Desde estos planteamientos de modernidad y progreso hay que continuar reflexionando y agilizando el marco institucional en el que se mueven las fundaciones. La Europa comunitaria va a posibilitar la aceleración de los movimientos asociativos Y la prestación de servicios comunes por parte de estas instituciones. Las fundaciones, por otra parte, van a sufrir importantes mutaciones que se divisan ya en el horizonte más próximo. Como sujetos activos de su futuro, tendrán un mayor protagonismo, ligado a los avances económicos y sociales, ya sea mediante aportaciones de personas físicas o por subvenciones de grandes empresas e instituciones. En ocasiones, las fundaciones tendrán que actuar como si fueran sociedades de capital-riesgo, apostando decididamente por su desarrollo y afrontando nuevos problemas sociales, como el del envejecimiento, el medio ambiente, el sida, la drogadicción, la violencia, etcétera. Asistiremos al nacimiento de nuevas fundaciones, potentes, dinámicas, competitivas, ligadas la mundo de la empresa y de las grandes instituciones. Paralelamente, si la política fiscal no es regresiva, se tenderá a una mayor financiación de estas instituciones, bien a través de sus. propios recursos o procurándose ellas mismas donaciones privadas de tipo individual o empresarial.

Es inevitable que las fundaciones, sujetas a los debidos controles y cautelas, puedan realizar actividades mercantiles e industriales cuando estén relacionadas con la finalidad fundacional o a su servicio como instrumento de gestión. Debe contemplarse igualmente la posibilidad de que las fundaciones sean titulares de participaciones societarias. Desde esta perspectiva, parece lógico pensar en un marco de mayor autonomía, de modo que el papel de los poderes públicos de impulso y control se conjugue con la exigencia de responsabilidad colegiada y personal de los patronos y de los gestores. La intervención de las administraciones públicas se efectúa a través de los protectorados, y éstos deben prestar el apoyo, asesoramiento y especialmente un tratamiento fiscal con una clara vocación impulsora de la expansión fundacional.

Efectivamente, el impulso de las fundaciones pasa inevitablemente por una consideración fiscal. La delimitación objetiva de estas entidades como sujetos be neficiarios en la tributación va a reportar a las administraciones públicas un considerable ahorro o economía en tanto que las fundaciones asuman funciones tradicionalmente atribuidas a los presupuestos públicos. Pero se trata de una cuestión de mayor cuantía, de una razón filosófica y no meramente contable. Las fundaciones, en todas las sociedades avanzadas, están sirviendo de cohesión social y están propiciando campos de colaboración y de encuentro para que determinados colectivos -jóvenes o jubilados- realicen tareas que de otro modo tendrían consignaciones presupuestarias a cargo de las administraciones. A través de las fundaciones se desarrolla un mayor dinamismo y creatividad en todos los ámbitos de la actividad humana. Desde la investigación en últimas tecnologías, la prevención de delincuencias, el tratamiento y asistencia de marginaciones, la exhibición artística, el mecenazgo cultural, la ayuda al Tercer Mundo, los programas de juventud, toda la amplia. gama de actividad humana puede y debe ser objeto de una voluntad fundacional. En reciprocidad, la gestión de las fundaciones, como lo están haciendo las más conocidas, ha de adaptarse a las nuevas técnicas empresariales y de organización para el máximo aprovechamiento de los recursos y, en su caso, de los beneficios. No se puede, por otra parte, obviar una cuestión de la máxima actualidad, y es la compatibilidad de obtener ingresos por la realización de actividades y la garantía del respeto a los fines de interés general que enmarca el reconocimiento constitucional de las fundaciones. La exigencia de que las fundaciones no operen con ánimo de lucro no excluye que éstas obtengan ganancia o beneficio, entendidos en el sentido económico, financiero y contable, y que posibilitarán un reforzamiento y expansión de los fines propios de cada institución. Se trata, en definitiva, de que no se prive a las fundaciones de ninguno de los derechos y libertades y de los instrumentos que la Constitución reconoce y ampara con carácter general.

Era de maduración

Las fundaciones más dinámicas y mejor dotadas han demostrado ya a la sociedad española su idoneidad y su capacidad de servicio social. Se trata tan sólo, en la etapa que se avecina, de reforzar las garantías de que cumplirán el objetivo constitucional de interés general, dentro de los controles que se determinen en la ley de desarrollo. Pero la sociedad requiere una nueva actitud en los poderes públicos hacia las fundaciones que no esté basada en la desconfianza ni en la excepción. El ejercicio de las potestades administrativas no debe sustituir ni menoscabar el derecho fundamental de la tutela judicial y el ejercicio de la función jurisdiccional. La sociedad española en su conjunto y los colectivos más dinámicos o desprotegidos serán los primeros beneficiarios en esta nueva era de maduración y esplendor que vive, también en España, como en el resto de países industrializados, el mundo de las fundaciones.