Donde dije digo...

Desde que, en mayo de 1991, saltó a la luz el escándalo Filesa, el PSOE se ha escudado en la existencia de una investigación externa, primero del Tribunal de Cuentas y luego del juez Marino Barbero, para aplazar cualquier decisión política. Sólo en los últimos días, en dos intervenciones públicas, Felipe González ha distinguido las responsabilidades políticas de las judiciales, sugiriendo que las primeras podrían depurarse sin esperar a las segundas. Pero ayer volvió sobre sus pasos, descartando esta posibilidad.

La tajante negativa inicial de que el partido se hubiera financiado ilegalmente ha ido diluyéndose conforme se acumulaban las evidencias en contrario, pero ello no ha llevado a la dirección socialista a sacar las correspondientes conclusiones."El PSOE, por los datos recabados hasta el momento, nada tiene que ver con dichas actividades empresariales ni con las empresas citadas", decía el 5 de junio de 1991 la primera respuesta oficial de la Ejecutiva socialista a las imputaciones del ex contable de Filesa Carlos Van Schouwen.

Dos semanas después, la Ejecutiva aceptaba la suspensión de su responsable de Finanzas, Gillermo Galeote, y la dimisión del tesorero del Grupo Parlamentario, Carlos Navarro, aunque sólo admitía que el segundo tuvo "relaciones totalmente lícitas" con Filesa y Time Export.

La Ejecutiva de ayer convirtió en definitivo el apartamiento de Galeote y excluyó a los dos citados del Parlamento, pero su defensa de la limpieza de las cuentas del PSOE fue menos firme yel propio González se confesó incapaz de asegurar que no ha existido financiación ¡legal.

Esta decisión concuerda con las declaraciones del presidente ante el Congreso, el 24 de marzo de 1992, durante el debate del Estado de la Nación: "Cualquier posible caso de corrupción debe ser planteado ante los tribunales y sólo cuando éstos se hayan pronunciado es razonable extraer todas las consecuencias políticas que se derivan de ello".

Contradicciones

Pero esa línea argumental, más dificil de sostener tras el informe de los peritos al juez Barbero, la rompió el propio González en su tumultuosa visita a la Universidad Autófioma de Madrid, el 25 de marzo: "Independientemente de las responsabilidades que existan, si existen, desde el punto de vista judicial, el PSOE asumirá la suya, y los responsables lo serán políticamente, más allá de la calificación jurídica".

Sin embargo, el mismo día, en León, Alfonso Guerra seguía negando cualquier responsabilidad del PSOE. "El partido no está implicado en ese asunto", dijo.

El sábado 27 se difundía una entrevista de González a la agencia Efe, realizada al parecer antes de los incidentes de la Autónoma, en la que, admitiendo las responsabilidades políticas, volvía a dejarlas en suspenso: "Por respeto al funcionamiento del Estado de Derecho, una vez que se resuelva el procedimiento judicial, el partido tiene que aplicar la normativa interna".

González aclaró en otras declaraciones, a la agencia OTR, difundidas el 3 de abril: "Como dirigente político, tengo la función de asumir responsabilidades políticas y de pedir que la dirección del partido sea capaz de definirlas ante los ciudadanos. Y eso es lo que pretendemos hacer", en la Ejecutiva de ayer.

Las palabras de González llevaron a algunos dirigentes socialistas a pedir la dimisión de la Ejecutiva, como Carmen Hermosín, o la cabeza de los responsables, como Gabriel Urralburu.