Condenados los ganaderos que no mataron a las vacas enfermas por las que cobraron

El Tribunal Supremo ha confirmado las penas a tres ganaderos de Lugo que cobraron la indemnización que ofrecía la Xunta de Galicia por sacrificar reses enfermas y, sin embargo, las mantuvieron vivas en los establos. La estafa se produjo en 1988, y en ella estaban implicados el gerente de un matadero y un tratante de ganado.

Para sanear la cabaña ganadera española, la Xunta de Galicia, como otras comunidades autónomas, llevaba a cabo una campaña de indemnizaciones a cambio de matar obligatoriamente las vacas con las enfermedades de tuberculosis, brucelosis o leucosis. Según el plan trazado por el gerente de un matadero y un tratante de ganado se suplantó la firma del veterinario y varios ganaderos cobraron la indemnización por un total de 45 vacas, como si las hubieran matado, aunque permanecían vivas. Tres de los nueve condenados por la Audiencia Provincial de Lugo recurrieron al Supremo, que ha confirmado las condenas.Todo empezó cuando Antonio González López, director-gerente y copropietario del matadero Frigonsa, de Riopedroso-Chantada (Lugo), y Manuel Rois Ferreiro, tratante de ganado, conocedores ambos de la campana de la Consejería de Agricultura de la Xunta, planearon que las reses que diesen positivo permaneciesen vivas en los establos o explotaciones de sus dueños, mientras que éstos cobraban con la mayor rapidez posible las indemnizaciones. Para ello, debía suplantarse la firma del veterinario en el certificado de que las reses habían sido sacrificadas en el matadero de Frigonsa y convencer a los ganaderos de que, de este modo, todos saldrían beneficiados.

Falsas certificaciones

Rois se encargó de las labores de intermediario y González. de la obtención de las falsas certificaciones para presentarlas en la delegación provincial de Lugo.Para agilizar el cobro de las indemnizaciones, González entregó dinero y obsequios por valor de 333.915 pesetas al auxiliar administrativo de la delegación provincial, Félix Ramos Barnes.

De acuerdo con el plan trazado, se certificó el sacrificio de casi 50 vacas, por las que, a pesar de permanecer vivas, se obtuvieron indemnizaciones superiores a 50.000 pesetas por cada una.

En diciembre de 1990 la Audiencia Provincial de Lugo condenó a González a dos años de cárcel y 190.000 peseta; de multa por falsedad en documento oficial, estafa y cohecho; a Rois a dos años de cárcel y 40.000 pese tas de multa por falsedad y estafa, e impuso penas inferiores al empleado Cervelo, el funciona rio Ramos y los ganaderos López Díaz, Fernández Rodríguez, Fernández Arias, Fernández Armesto y Barreiro Casas. La sentencia absolvió a tres de los ganaderos acusados y obligó a de volver las indemnizaciones recibidas de la Xunta.