Exigencia al Gobierno de rigor presupuestario

El informe del Tribunal de Cuentas sobre la cuenta general del Estado correspondiente a 1989, debatido ayer durante la reunión de la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con dicho tribunal, incluyó una auténtica regañina al Gobierno por falta de rigor presupuestario.

El informe elaborado por la institución fiscalizadora señala que las modificaciones en los Presupuestos Generales del Estado de 1989 respecto a los créditos que fueron inicialmente aprobados en el Congreso de los Diputados afectaron a prácticamente el 60% de las aplicaciones presupuestarlas vinculantes. "Porcentaje expresivo", resalta el Tribunal de Cuentas en su informe, "de la creciente relativización del término 'vinculante' en cuanto expresión de los efectos limitativos del presupuesto respecto al gasto público".

El Tribunal de Cuentas añade, en otro apartado de su informe, que "la reiteración en años sucesivos de las ampliaciones en determinados créditos revela que con una presupuestación más rigurosa podrían haber sido reducidas considerablemente".

La institución que preside Adolfo Carretero incluso advierte que las carencias detectadas en la aplicación de los presupuestos y en la contabilidad pública requieren una inmediata corrección, porque algunas de las deficiencias detectadas "constituyen un serio condicionante para abordar, sobre datos fiables, decisiones que permitan mejorar la eficacia y eficiencia del sector público".

Uno de los portavoces del Partido Popular en el debate de este informe, Diego Jordano, consideró incongruente que el Estado exija a las empresas privadas un rigor en su contabilidad y gestión económica y financiera que en cambio no cumplen ni la propia Administración ni el sector público.