PP e IU exigen que el presidente del Tribunal de Cuentas deje su cargo por beneficiar al PSOE

Izquierda Unida y el PP mantienen que el presidente de] Tribunal de Cuentas, Adolfo Carretero, debe abandonar el cargo porque favorece a los socialistas en escándalos de corrupción como los de Filesa o Enatcar. Ayer, en la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con dicho tribunal, el PP afirmó que Carretero "está sumido en un ridículo absoluto" que "desprestigia a esa institución". Carretero pidió al Parlamento competencias para inspeccionar directamente la contabilidad de las empresas con relaciones económicas con los partidos. La falta de esas competencias explica, a su juicio, el que los peritos del juez Marino Barbero hayan detectado pagos de Filesa por gastos del PSOE que el Tribunal de Cuentas no localizó al fiscalizar las cuentas socialistas.

Adolfo Carretero no dio muestra alguna de que piense dimitir. Es más, en una conferencia de prensa tras su comparecencia parlamentaria, identificó la dimisión como el gesto propio de quien reconoce que no ha cumplido con su deber. Y, según el, el Tribunal de Cuentas "ha cumplido con objetividad e imparcialidad su labor institucional".Acosado por las preguntas de los periodistas, Carretero apeló a que un juez instructor [el magistrado del Tribunal Supremo Marino Barbero] tiene unas competencias que no posee el Tribunal de Cuentas. Y de ahí no avanzó un paso, frente a las continuas referencias de los periodistas a que el informe pericial en manos de Barbero cuestiona la exculpación global que hizo el Tribunal de Cuentas al PSOE de una presunta financiación irregular. "El informe de los peritos es sólo un dato procesal", relativizó, "que tendrá que ser avalado por una sentencia judicial".

Carretero admitió que si esa sentencia confirmara una relación irregular entre Filesa y el PSOE, el tribunal extraería las consecuencias pertinentes. Pero se negó a concretar si una de las consecuencias consistiría en realizar otra fiscalización de las cuentas del PSOE correspondientes a 1988 y 1989, para averiguar si hubo incumplimientos de la ley de financiación de partidos. La realización inmediata de esa nueva fiscalización fue exigida por el portavoz de IU en la comisión, Jerónimo Andreu, sin que fuera secundada por ningún otro grupo.

En defensa del dictamen que aprobó el Tribunal de Cuentas sobre el caso Filesa, Carretero afirmó que los funcionarios de ese organismo comprobaron en la sede del PSOE la documentación aportada por este partido en soporte informático. "Toda esa información, recogida en ciento y pico mil folios, la enviamos al Supremo", relató.

Capacidad sancionadora

Para avanzar en la transparencia de la financiación de los partidos, Carretero pidió al Parlamento que autorice al Tribunal de Cuentas a inspeccionar directamente la contabilidad de empresas acreedoras o proveedoras de servicios a los partidos, y que determine a quién corresponde imponer sanciones por las irregularidades que el tribunal detecte en su fiscalización. Hasta ahora, la legislación no detalla la cuantía de las sanciones, ni la autoridad encargada de imponerlas, por ejemplo, cuando los partidos incumplen los plazos en la entrega de sus cuentas o infringen cualquiera de las normas sobre los donativos de particulares a las arcas de una fuerza política, entre otros casos.

La portavoz del PP en la comisión para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, Luisa Fernanda Rudi, acusó a este tribunal de inspeccionar con mayor rigor las cuentas del PP que las del PSOE, y reprochó que califique de "irregularidades" los defectos detectados en la contabilidad del PP mientras describe como "deficiencias" las detectadas en el PSOE.

El representante socialista, Néstor Padrón, negó que exista tal discriminación, e ironizó con que el tribunal se limita a describir hechos, como el que los populares dejaran de anotar en 1989 unos 690 millones, de 717 millones que habían recibido de subvención a sus grupos parlamentarlos y de concejales.

El diputado popular Felipe Camisón espetó a Carretero, durante el debate de la cuenta general del Estado de 1989, que "está sumido en el ridículo absoluto, acompañado del desprestigio" de la institución que preside, tras el informe pericial sobre Filesa, y le pidió su dimisión por no haber investigado presuntas irregularidades en Enatcar.

Carretero le invitó a que leyera el informe del Tribunal de Cuentas que tenía sobre la mesa. En él se indicaba que, en 1989, Transportes Bacoma, propiedad de la Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera (Enatcar) estaba afectada de lleno por la obligación legal de disolver la sociedad, al exceder el pasivo al activo en 2.256 millones, entre otras irregularidades.

El portavoz de IU, Jerónimo Andreu, resaltó que el déficit público en 1989 fue superior en 1,4 billones al reconocido por el Gobierno, y criticó las desviaciones entre el coste previsto y el definitivo de las obras contratadas por la Administración mediante adjudicación directa.

Andreu no desaprovechó la oportunidad de arremeter contra el PP que le ofreció las alusiones del Tribunal de Cuentas a cierta opacidad en la contabilidad financiera del PP. "Cuando se habla de relaciones de la derecha con grupos financieros, nosotros nos estremecemos", exclamó, ante la sonrisa de los populares.

La comisión debatió, además de la cuenta general del Estado de 1989 y la contabilidad ordinaria de los partidos de 1988, los ingresos y gastos de las diversas fuerzas en las elecciones municipales y autonómicas de 1991.