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Filesa recibió 1.000 millones por informes inexistentes y realizó pagos por cuenta del PSOE

Las conclusiones de] informe de los tres peritos de Hacienda adscritos al caso Filesa, entregado ayer al juez Marino Barbero, señalan que los pagos efectuados por bancos y empresas a Filesa y Time Export por importe de casi 1.000 millones de pesetas constituyeron "meras liberalidades" que generaron cuotas tributarias impagadas superiores a los 330 millones de pesetas, a los que hay que añadir otros 120 millones de IVA. Mientras el grupo de empresas de Filesa recibía estas "liberalidades" en pago de "supuestos informes que la realidad muestra inexistentes", pagaba a su vez facturas por cuenta del PSOE.

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El informe pericial señala como administradores "formales" del grupo de empresas a Luis Oliveró y Alberto Flores, pero atribuye la "dirección y participación activa" en el grupo de sociedades a los parlamentarios Carlos Navarro y Josep Maria Sala, a partir de que estos compraran Time Exporten los primeros meses de 1987. A la vista de la conexión con los hechos de Navarro y Sala, el juez Marino Barbero solicitará seguramente a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que curse los suplicatorios para proceder contra ambos.El informe, de unos 500 folios de extensión, va firmado por los peritos José Luis Carrero, Pilar Valiente y María del Carmen González, quienes han constatado que la imprenta Hauser y Menet, así como las entidades El Viso Publicidad, Producciones Dobbs, Mabuse y la inmobiliaria Seinlosa -la que arrendó los locales de la madrileña calle de Gobelas donde se instaló la sede electoral del PSOE- han entregado bienes y servicios "cuyo destinario ha sido el PSOE, pero han sido pagados por Filesa y Time Export".

Los peritos analizan las relaciones comerciales de Filesal de un lado, con los cinco "proveedores ajenos al grupo", (Hauser y los demás citados anteriormente), que prestaron bienes y servicios de carácter real, y de otro, con los "proveedores del grupo", encabezados por empresas de Aida Álvarez, como Tecnología Informática 2020 y Distribuidora Express 2020, que mantuvieron con Filesa meros movimientos financieros, sin que se hayan podido constatar contrapartidas de carácter real que justifiquen las salidas de fondos de Filesa.

Por otro lado, se analizan las relaciones de Filesa con los bancos y grandes empresas a las que vende sus informes de consultoría y con otro grupo de clientes que compraron a Time Export productos tales como "contenedores, rosarios y bisutería". El informe concreta como "grandes clientes" de Filesa y Time Export a las entidades Banco Central, BBV, ABB Energía, Catalana de Gas, Cepsa, Focsa, Abengoa, Enasa, Pryca, Elsan, Eusis, Tecnoholding, Tema, Noxman e Internacional Montajes Metálicos.

Se trata de sociedades que han pagado a Filesa o a Time Export diversas cantidades por un montante global de 996.974.860 pesetas entre 1989 y 1991, "sin haberse podido constatar la realidad material de contraprestación alguna por parte de las dos entidades". Salvo en los casos de las empresas Pryca, Enasa y Abengoa, que han aportado como justificación de los pagos unos informes "de débil entidad" en palabras de los peritos, "tampoco hay otra constatación formal que la mera contabilización de los pagos y cobros".

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La imposibilidad de constatar contrapartidas a estos pagos a Filesa y Time Export tienen una consecuencia inmediata de efectos tributarios. El informe establece un cuadro de bases imponibles "que se estiman adicionales" a las reflejadas por los clientes de Filesa y Time Export en sus declaraciones tributarias y detalla las cuotas impagadas (ver cuadro).

La situación fiscal de Filesa, según el informe pericial, aprecia una cuota impagada de 203,4 millones de pesetas del impuesto de sociedades de 1989 y de 24,7 millones del año 1990. Respecto a Time Export, la cuota impagada del impuesto de sociedades se estima en 30,6 millones en 1989 y en 2,3 millones al año siguiente, a los que habría que añadir 6,2 millones impagados del impuesto de donaciones.

Participación activa

A partir del 18 de noviembre de 1988 ejercieron las funciones de administración del grupo Luis Oliveró, poseedor del 40% de Malesa, propietaria a su vez de Filesa y de Time Export, y Alberto Flores, titular del 60% restante de Malesa. Ambos emiten las facturas de Filesa y Time Export a sus clientes.

Sin embargo, los peritos deducen la "dirección y participación activa" de Carlos Navarro y Josep Maria Sala en las actividades del grupo del seguimiento de una decena de actuaciones. Entre éstas se cuenta una nota aportada por el contable chileno que levantó el escándalo, Carlos van Schouwen en la que se lee: "Carlos, llamó C.N. Las facturas han de quedar registradas como las que él mandó por fax. 3.000.000. 336.000 IVA = 3.360.000, y el resto a pagar no debe aparecer. No puede ser rectificado. Ya he intentado explicarlo que en libro diario quedó de n/manera, creo. Vendrá lunes con los originales".

Según los peritos, "parece evidente que en el contexto de Filesa, alguien con las siglas C.N. no puede ser otro que Carlos Navarro".

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