Un juez investiga un fraude fiscal de 4.000 millones de pesetas
Una veintena de empresarios y abogados se encuentran en libertad provisional después de haber declarado en las diligencias abiertas por el juzgado número 33 de Madrid, cuyo titular, Tomás Martín Gil, investiga desde hace un año presuntas operaciones de fraude fiscal por un valor de 4.000 millones de pesetas.La investigación se inició por una operación del ciudadano británico Michael Bear, consejero delegado de la empresa International Mortgage España (Imesa) y buscado también por tráfico de drogas, quien distribuyó más de 300 millones de pesetas en dinero negro por una operación inmobiliaria llevada a cabo en el despacho de abogados de la familia Garrigues, el 11 de enero de 1990. Dicha cantidad fue cubierta con una factura presuntamente falsa, emitida por la empresa Hispanoamericana de Promociones y Construcciones, cuyo presidente, Rafael Maortua, se encuentra en libertad bajo fianza, tras permanecer medio año en prisión.
La inspección fiscal realizada sobre las actividades de esta entidad permitió descubrir una maraña de irregularidades en operaciones llevadas a cabo con otras muchas empresas, entre las que destacan las inmobiliarias Reinhold y Vallehermoso, actualmente sometidas a las diligencias abiertas por el juzgado.
El asunto que dio origen ' a esta investigación consistió en la compra y venta sucesivas de un inmueble en la calle Alfonso XI, de Madrid, que al final quedó en manos de la empresa Imesa, dirigida por el británico Michael Bear. Imesa, que se había constituido dos días antes de comprar el edificio, pagó 1.750 millones de pesetas por el mismo.
Factura falsa
Esa misma entidad compró una factura falsa por valor de 325 millones (más 39 de IVA) a Hispanoamericana de Promociones y Construcciones, que sirvió para encubrir las comisiones y compensaciones en dinero negro, dirigidas a varios intermediarios que habían actuado en la compraventa del inmueble de Alfonso XI. Su importe fue transportado, en metálico, al despacho de abogados de los Garrigues, uno de cuyos letrados, Felipe Yannone, ha declarado judicialmente por esta operación.
El letrado Yannone reconoció ante el juez que en su despacho se habían recibido sacas de dinero transportadas por guardias de seguridad, pero "quedó tan desconcertado que se limitó a decirles que lo metieran en otra habitación", y que él no quería saber nada del asunto, según se lee textualmente en la transcripción judicial de su declaración.
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