Profundizar la autonomía

EL DEBATE en el Senado sobre el Estado de las autonomías ha arrojado tres frutos importantes, aunque de tímida concreción: los compromisos sobre corresponsabilidad fiscal, la simplificación administrativa y la coordinación de las actuaciones de los distintos niveles de gobierno en su vertiente exterior.La corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas -que implica mayor automatismo en sus ingresos y la asunción de parte del coste político del hecho recaudatorio se ha abierto paso solemnemente. El rechazo del Partido Popular a la moción concreta acordada no desmiente ese consenso general, puesto que este partido se ha declarado partidario de la cesión de un tramo del 15% del IRPF a las autonomías. El compromiso del Gobierno de convocar en breve el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) permite esperar que el trabajo silencioso para limar las diferencias que existían en el PSOE habrá dado su fruto, aunque algunas declaraciones desmienten esa esperanza. Si la fórmula -que el Gobierno, insólitamente, no ha detallado al Senado- logra superar esas y otras diferencias, la excesiva demora en cerrar un compromiso amenazado por la impaciencia de algunos y la cerrazón de otros no habrá sido grave. Urge un desbloqueo final de este asunto que evite peligrosas polarizaciones entre comunidades ricas y pobres o entre nacionalistas y españolistas. La aspiración gubernamental al máximo consenso en el CPFF resulta imprescindible por las profundas implicaciones de este asunto. Pero reclamar la unanimidad absoluta -como ha hecho el secretario de Estado de Hacienda- equivale a conferir un derecho de veto a quienes nuevamente enarbolen, para consumo clientelar, reticencias de detalle disfrazándolas como obstáculos de fondo.

También se ha concitado un consenso genérico sobre la simplificación de la Administración pública. La descentralización no debe confundir al ciudadano ni incrementar el número de funcionarios y de organismos. Ello supone que la Administración central renuncie a la duplicidad de funciones en materias transferidas a las comunidades autónomas, y que, a su vez, éstas descentralicen hacia los municipios. En eso consiste el principio de subsidiariedad. Sobre esta base genérica existe coincidencia entre todos los grupos. El problema reside en poner el cascabel al gato.

La virulencia que alcanzó el debate entre el ministro Eguiagaray y el portavoz del PP, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre la propuesta de la derecha de Administración única evidencia que las posiciones están muy alejadas. La idea no merecía. el altanero desprecio gubernamental, aunque su formulación -el calificativo de única- no sólo sea antipático, sino incluso bordee lo inconstitucional si se entiende como la supresión de las otras dos administraciones en que se basa el ordenamiento jurídico español desde 1978. Los socialistas entienden que el proceso descentralizador tiene como marco el pacto autonómico que transfiere amplias competencias a las comunidades de vía lenta, y la eliminación de organismos duplicados. El PP sostiene la delegación en las autonomías históricas de todas las competencias no exclusivas reservadas por la Constitución al Estado, como paso previo a la generalización de la experiencia. Los nacionalistas han logrado el apoyo del PSOE a una moción que abona la simplificación de la Administración periférica del Estado, pero no todavía, ¡ay!, de las que gobiernan. Y se han mostrado reticentes a cualquier delegación de competencias -por avanzada que pueda parecer- que tienda a uniformizar a las comunidades y, por tanto, a diluir el hecho diferencial de sus autonomías.

La construcción de un avanzado Estado de las autonomías, en la que se inscribe la ineludible reforma del Senado, no debe hacer olvidar uno de los principios básicos de este modelo: el de lealtad institucional, por el que las comunidades no sólo ejercen las competencias derivadas de una máxima descentralización, sino que se comprometen a la máxima cooperación. Este proceso de ida y vuelta arroja excelentes resultados en Estados de corte federal, como revela el Pacto de Solidaridad firmado por los lánder alemanes con el Gobierno federal para afrontar la crisis y pagar la reunificación. El voto nacionalista a favor de conferencias sectoriales y comisiones bilaterales en asuntos, europeos y de proyección exterior en general indica que este proceso es posible también en España.

El Estado autonómico, en suma, debe construirse sobre la igualdad de posibilidades para todos -sin corsés uniformistas- y el reconocimiento de las diferencias realmente existentes -sin dar pie a agravios comparativos-.