El horror tras el horror de la guerra

Un día antes de ser asesinado, el 24 de marzo de 1980, el arzobispo salvadoreño óscar Arnulfo Romero pronunció un patética homilía: "Les suplico, les ruego, les ordeno, en el nombre de Dios, ¡cese la represión!". El atribulado sacerdote sabía lo que estaba pasando en su país: las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, apoyados por miembros de la oligarquía salvadoreña, directamente o a través de escuadrones de la muerte, habían cometido y estaban cometiendo espantosas matanzas de campesinos y asesinatos selectivos de cualquier tipo de opositor.

Enloquecidos ante lo que creyeron que era la amenaza de una revolución comunista que ponía en peligro sus privilegios, los militares y la oligarquía salvadoreña protagonizaron, con el apoyo de la Administración de Ronald Reagan y el silencio de medio mundo, una repugnante guerra sucia. Diez años después, una comisión designada por la ONU y llamada "de la verdad" ha pasado una fría pero alucinada mirada por aquellos hechos: De la locura a la esperanza se titula el informe.Por mucho que se pretenda medir por el mismo rasero los asesinatos cometidos por la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y por las Fuerzas Armadas, la evidencia es aplastante. Fue el Ejército el principal responsable de la locura sangrienta que sufrió el diminuto país centroamericano, menos poblado que Cataluña y más pequeño que la Comunidad Valenciana. La Comisión lo deja muy claro: de las 22.000 denuncias de violaciones de derechos humanos que estudió, sólo un 5% responsabilizaban al Frente. "El Ejército, las fuerzas de seguridad y los escuadrones de la muerte ligados a ellos llevaron a cabo matanzas, algunas con cientos de víctimas".

La brutalidad, ignorancia e inquina de buena parte de los oficiales salvadoreños pone los pelos de punta. Los servicios de espionaje, sin duda elegidos en función de su bajo coeficiente intelectual, pusieron en marcha a principios de los ochenta unta teoría llamada "quitarle el agua al pez". Se trataba, lisa y llanamente, de eliminar las poblaciones campesinas donde, según su criterio, se apoyaba a la insurgencia. Se crearon nuevas unidades: los Batallones de Infantería de Reacción Rápida (BIRI). El primero y más glorioso de todos ellos es el llamado Batallón Atlacatl, entrenado bajo la asesoría y supervisión de militares norteamericanos. Su estreno, en marzo de 1981, fue risible: una Compañía al mando del capitán Juan Méndez fue diezmada en un enfrentamiento con los guerrilleros. Los oficiales de otras unidades les bautizaron entonces como "batallón de retroceso inmediato". Nueve meses después, el 9 de diciembre, los miembros del escaldado y marcial batallón llegaron al municipio de Arambala: reunieron a toda la población en la plaza, separaron a los hombres de las mujeres y los niños y seleccionaron a varios presuntos colaboradores de la guerrilla. Cuando se fueron, esa misma noche, los hombres seleccionados aparecieron torturados y degollados.

Se trataba solamente de un ensayo: en los días posteriores realizaron una auténtica orgía. El punto culminante fue el caserío El Mozote, un pequeño pueblo con una veintena de casas, una plaza con la iglesia, un edificio usado como sacristía y una escuelita. En El Mozote se habían ido refugiando campesinos de otros caseríos que huían de los combates. El Batallón Atlacatl siguió el procedimiento habitual: los hombres fueron encerrados en un edificio y las mujeres en otro. La novedad fue que también separaron y encerraron solos a los niños, en la sacristía. Primero fueron torturando y matando a los hombres. Alrededor de mediodía, sacaron a las mujeres y las ametrallaron por grupos. Finalmente, metieron fusiles ametralladores por las ventanas de la sacristía y acabaron con los niños.

La hucha de la matanza

Todavía tuvieron estómago para permanecer en el pueblo hasta la mañana siguiente. Los cuerpos permanecieron sin sepultura durante semanas y fueron vistos por numerosas personas que pasaron por el lugar. A mediados de enero, dos peiriodistas de The New York Times y de Washington Post llegaron a El Mozote y comprobaron que muchos cadáveres descompuestos continuaban sin enterrar. El Gobierno y el Ejército lo negaron todo. En noviembre de 1992, la Comisión decidió esclarecer el caso. Expertos internacionales contratados por la ONU exhumaron los restos que permanecían aún entre los escombros de la sacristía.

"Hemos encontrado restos óseos correspondientes a un mínimo de 143 personas., aunque puede haber habido un número mayor de muertos. El 85% de las víctimas correspondía a niños menores de doce años de edad. ( ... ) El promedio de edad es aproximadamente de seis años. ( ... ) Se encontró gran cantidad de proyectiles dentro del edificio. Se trata de munición de fragmentación, manufacturada por el Gobierno de Estados Unidos en Lake City, Misuri. Fue disparada desde fusiles de fabricación norteamericana M-l6.( ... ) Por lo menos 24 tiradores participaron en los hechos, desde dentro de la casa, desde la puerta y desde una ventana".

Los miembros del batallón "de retroceso inmediato" asesinaron en total, entre El Mozote y otros caseríos cercanos y en sólo cinco días, a más de 500 civiles identificados y "a muchas otras víctimas que no han podido ser reconocidas".

La Comisión de la Verdad hace hincapié a lo largo de cientos de páginas en que nada de esto hubiera sido posible sin la complicidad o el silencio del poder judicial y el apoyo de sectores importantes de la oligarquía salvadoreña, especialmente terratenientes y empresarios.

El caso mas ejemplar de jurista corrupto y bestializado lo constituye el presidente del Tribunal Supremo, Mauricio Gutiérrez Castro. Los miembros de la Comisión no ocultan su especial repugnancia por este hombre y piden expresamente que sea destituido e inhabilitado para cualquier función pública. Da la impresión de que este juez ha llegado a exasperar a los expertos de la ONU: Permanentemente se le cita para constatar su injerencia en los trabajos de la comisión, su negativa a prestarle ayuda y, más grave aún, su presencia vigilante desde la Corte Suprema para ocultar, manipular o impedir cualquier investigación sobre crímenes cometidos por miembros del Ejército, de los cuerpos de seguridad o de los escuadrones de la muerte.

Gutiérrez Castro intentó, por ejemplo, que los civiles asesinados en El Mozote -entre ellos, recuérdese, más de un centenar de niños de menos de doce años- pasaran por "guerrilleros muertos en acción". La comisión pasa por alto, sin embargo, que un hecho tan absolutamente comprobable (los cuerpos permanecieron semanas sin enterrar) fuera "ignorado" por la Administración norteamericana. En 1982, Thomas Enders, entonces funcionario del Departamento de Estado (y más tarde embajador en España) testimonió ante el Congreso estadounidense que no existían pruebas de que hubiera habido una matanza de civiles.

Cuando la comisión ya no puede callarse es cuando relata el asesinato de cuatro monjas norteamericanas ocurrido en diciembre de 1980. El presidente Jimmy Carter, que ya había perdido las elecciones, exigió la detención de los culpables y suspendió todo tipo de ayuda a El Salvador. El 29 de abril de 1991 fueron apresados y posteriormente condenados tres miembros de la Guardia Nacional. Inmediatamente, el Congreso norteamericano aprobó una ayuda por valor de 25 millones de dólares. "La ejecución de las religiosas , reprocha la comisión, "fue planeada con antelación a su llegada al aeropuerto de San Salvador (donde fueron secuestradas), y los agentes condenados por asesinato cumplieron órdenes superiores al ejecutarlas".

Los oficiales verdaderamente responsables, cuya identidad es conocida, nunca fueron procesados. Tal vez, como recuerda la propia comisión, porque personas como la embajadora Jeanne Kirkpatrick se apresuraron a declarar: "No creo que el Gobierno de El Salvador sea responsable. Las monjas no eran simplemente monjas: eran activistas políticas. Deberíamos ser un poco más claros en estas cosas de lo que habitualmente somos: eran activistas pro Frente, y alguien que usa la violencia para oponerse al Frente las mató". Antes -se le olvidó decir a la embajadora de Reagan- ese alguien las violó.

La brutalidad de las Fuerzas Armadas salvadoreña se vio incrementada además por la actuación de escuadrones de la muerte, vinculados y aliados al Ejército, pero también a acaudaladas y bien conocidas familias del país. Son precisamente estos escuadrones y sus conexiones civiles los que más preocupan a la Comisión de la Verdad con vistas al futuro.

"Por su forma de actuar", explican los expertos de Naciones Unidas, "no es fácil establecer todos los vínculos entre miembros de la empresa privada y los escuadrones. Pero la comisión no tiene la menor duda de la relación estrecha y del peligro para el futuro de la sociedad que supone que empresarios o miembros de las familias adineradas sientan la necesidad y pudieran actuar, como en el pasado, con impunidad en la financiación de grupos parantilitares asesinos".

El precio-del crimen

La comisión recomienda crear un grupo especial, con apoyo internacional, para que investigue estas conexiones y la relación entre los escuadrones y los servicios de espionaje de las Fuerzas Armadas. En concreto, los expertos sólo citan cuatro personas, bien conocidas en El Salvador, como instigadoras y financiadoras de los escuadrones de la muerte, responsables de más de 800 asesinatos en 10 años: Hans Christ, Ricardo Sol Meza, Constantino Rampone y Ernesto Panamá. Todos proporcionaron dinero y armas a asesinos a sueldo. Tan peligrosos como ellos son algunos emigrantes en Miami que financiaron a los escuadrones. "Sería útil que otros investigadores con más recursos y tiempo (sin duda se refieren al FBI) esclarezcan esta trágica historia para asegurar que nunca más se tolere en EE UU a personas vinculadas con terrorismo en otros países".

Las más de 200 páginas, con listas interminables de hombres, mujeres y niños asesinados, torturados o desaparecidos incluyen a campesinos, estudiantes, profesores, obreros, profesionales... Nadie se libró. Algunos, como el jesuita español Ignacio Ellacuria, asesinado en 1989, o el arzobispo Óscar Arnulfó Romero, que corrió la misma trágica suerte, nueve años antes, por denunciar el horror.