Los criminales

LA PUBLICACIÓN del informe de la Comisión de la Verdad, creada por el secretario general de la ONU para comprobar las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil de El Salvador, es uno de los puntos del acuerdo de paz firmado el verano pasado tanto por el presidente Cristiani como por los jefes de la guerrilla. Ahora que su contenido es público se evidencia aún más que la revelación de esos hechos horribles era indispensable para que el país pudiera recuperar la paz.Dicho informe no sólo establece la responsabilidad de los jefes supremos del Ejército (y en parte del Gobierno) en los crímenes más espantosos -como el asesinato en 1989 de los jesuitas de la Universidad Centroamericana-, sino que demuestra que esos asesinos han seguido dirigiendo el Ejército hasta ahora. El ministro de Defensa, René Emilio Ponce, dimitió sólo dos días antes de que se revelase que él ordenó el asesinato de los jesuitas. Otros cómplices suyos siguen ocupando altos cargos. Ello explica que haya sido imposible realizar una investigación rigurosa.

Lo que el mundo sospechaba -que el asesinato de monseñor Romero en 1980 había sido ordenado por el fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista, el fallecido D'Aubuisson- es ahora verdad certificada por personalidades internacionales de indiscutible prestigio. Ello prueba que, durante más de una década, asesinar a los opositores ha, sido política de Estado en El Salvador. En esa etapa, EE UU ha tenido una grave responsabilidad con su ayuda constante al Ejército salvadoreño, considerado como garantía frente a la amenaza comunista. El giro de la política de EE UU, cuando la criminalidad de dicho Ejército alcanzó límites que la hacían inocultable, ha sido el factor decisivo que ha permitido una presión internacional eficaz para que cesaran los combates. Y para que se investigasen con objetividad los delitos cometidos. Hasta hoy, Washington ha tenido que amenazar a Cristiani con cortarle la ayuda para que éste acepte destituir de sus mandos a algunos de los generales comprometidos en fechorías horribles.

No es hoy hora de venganza; más bien, de consolidar una paz aún muy frágil que permita avanzar hacia la democracia. Para ello, la amnistía -anunciada por el presidente Cristiani- puede ser necesaria. Pero es, asimismo evidente que, sin eliminar de los cargos públicos a todos los culpables, jefes militares o guerrilleros, de los crímenes hoy descubiertos (como pide la Comisión de la Verdad), El Salvador no podría tomar el camino de la paz y la libertad.