Reparación debida

LA ADMINISTRACIÓN ha hecho lo que debía: no escurrir el bulto frente al drama de los hemofílicos contagiados de sida entre 1983 y 1985, aunque no sea jurídicamente culpable de lo sucedido entonces. Algunos ya han sentenciado por sí y ante sí que lo fue, y le han hecho la gravísima imputación de haber contribuido a difundir activamente el sida mediante la transfusión de plasma contaminado. ¿No es ésta una acusación que debería ir precedida de una investigación exhaustiva, ser posteriormente comprobada por un tribunal y, sobre todo, venir avalada por quienes directamente han sufrido el daño?Efectivamente, si no ha habido denuncia, ni procedimiento judicial, ni sentencia, es una temeridad hablar de negligencia criminal o de cualquier otro tipo de responsablidades penales en la transfusión de plasma contaminado. Un hecho que dio lugar al contagio por sida de 1.147 hemofílicos (el 47% de un total de 2.730) en un periodo de oscuridad científica sobre las vías de transmisión de la enfermedad. Lo cual no obsta para que exista una indiscutible responsabilidad objetiva del Estado que le obliga a asumir las consecuencias de unos daños que, aunque no sean imputables a conductas negligentes, lo son al funcionamiento de un servicio público como la Administración sanitaria.

Es positivo -en cuanto significa un giro copernicano en lo que es un comportamiento habitual de la Administración- que los responsables de Sanidad hayan asumido el compromiso de indemnizar a los afectados sin necesidad de que medien los tribunales. El contagio por sida del 47% de los hemofílicos entre 1983 y 1985, y la subsiguiente muerte de 416 de ellos, tiene todas las características de una catástrofe sanitaria. De ahí que un Estado eficiente y solidario no puede dejar de afrontar sus efectos. Si esta misma actitud hubiera prevalecido en casos como el de la colza o el de la rotura de la presa de Tous, no sólo se habrían ahorrado sufrimientos innecesarios a miles de personas, sino que se habría actuado como corresponde a una Administración solidaria y previsora. La responsabilidad institucional de los poderes públicos en este tipo de situaciones es independiente de la que pudiera corresponderles por culpa o error y les es exigible en todo momento, incluso en periodos de vacas flacas presupuestarias.

Éste es el camino que han seguido los Estados europeos -es el caso del Reino Unido y Dinamarca- que se han visto afectados, en distinto grado, por el drama del contagio por sida de un gran número de hemofílicos en los años inmediatos al descubrimiento de la enfermedad. También Francia adoptó esa vía en 1991, indemnizando con 24.000 millones de pesetas a los cerca de 1.500 hemofílicos contaminados, al margen de que los tribunales establecieran la negligencia criminal de varios responsables sanitarios porque sabían, en mayo de 1985, que determinados lotes sanguíneos estaban infectados por el virus del sida y, sin embargo, no los retiraron. En España, además, esta vía de reparación económica está avalada por sentencias judiciales que, al pronunciarse sobre casos concretos de infectados del virus del sida por hemoderivados, han establecido que la Administración sanitaria, aunque no sea culpable, es objetivamente responsable "de la lesión que por su funcionamiento normal o anormal sufre todo particular".

En todo caso, es de lamentar que el compromiso que ahora asume la Administración -el ministro de Sanidad, José Antonio Griñán, ha reconocido inequívocamente la existencia del daño y la obligación de repararlo- no se tomase cuando se conoció la magnitud del daño causado. Probablemente lo impidió un concepto de la gestión excesivamente economicista. Si fuera así, el de los hemofílicos sería un caso paradigmático de las inconveniencias que se siguen cuando el responsable político es sólo un gestor. No decidir en su momento lo que políticamente es justo y necesario deriva, más tarde o más temprano, en incitación al alarmismo y en reclamo de pescadores en río revuelto.