La defensa en el 'caso del acelerador' critica al abogado de General Electric

Cinco abogados de los acusados por el accidente del acelerador del Clínico de Zaragoza protestaron ayer en el juicio por la actitud de otro de sus compañeros, Ramón Hermosilla, que representa a la empresa General Electric, fabricante de la máquina y una de las responsables civiles subisidiarias. La firma norteamericana y el Insalud son las dos partes que correrán a cargo de las indemnizaciones por la muerte de 20 pacientes oncológicos si la sentencia es condenatoria.

El incidente se produjo al inicio de la vista, mientras se interrogaba a un médico de servicio de oncología del Clínico. Hermosilla le hacía preguntas sobre cuestiones del personal sanitario que trabajaban en el área del acelerador en diciembre de 1990.

Dos de los abogados protestaron porque el letrado se centraba en aspectos sanitarios y no en la actuación del técnico de la General Electric, Mariano Conte, cuyas manipulaciones de la máquina supuestamente desencadenaron la sobreirradiación de los pacientes.

"No hace la defensa de la empresa como responsable civil", señaló uno'de los abogados defensores criticando a Hermosilla. Otros cuatro se sumaron a la protesta. "Creo que estoy ejerciendo mi legítima defensa, sobre todo si resulta que a la empresa que represento se le piden 8.400 millones de pesetas de indemnizacion", replicó Hermosilla.

La juez María José Gil acordó para hoy la práctica de un careo entre dos de los testigos que declararon, ayer. Se trata del ingeniero técnico del hospital Clínico, Ángel Luis Nápoles, y del director técnico administrativo en Zaragoza de la General Electric, Mariano Clavería.