La defensa critica el informe del Consejo de Seguridad Nuclear sobre el acelerador

La actuación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el accidente de] acelerador de electrones del Hospital Clínico de Zaragoza, que ha provocado la muerte de 20 pacientes oncológicos por el fallo que sufrió en 1990, fue criticada ayer repetidamente en el juicio que se sigue contra los 11 inculpados en el caso. Un técnico del CSN inspeccionó el acelerador el 20 de diciembre, cuando estaba averiado y sometía a sobredosis de radiación a los pacientes.

Las cuestiones que se plantearon durante la sesión de ayer fueron dos, ambas en relación con las competencias del Consejo de Seguridad Nuclear en instalaciones radiactivas hospitalarias.Los abogados defensores de los sanitarios del Hospital Clínico de Zaragoza sentados en el banquillo parten del criterio de que en el accidente, el CSN no tenía por qué entrar en valoraciones clínicas sobre la actuación del los profesionales del hospital, por entender que sus competencias se ciñen al correcto funcionamiento de las instalaciones y al control de la protección radiológica de los profesionales y del público.

Sin embargo, el CSN emitió un informe previo y luego una auditoría que concluyen responsabilizando del accidente a la incorrecta manipulación del acelerador por parte del técnico de la General Electric, Mariano Conte, al incumplimiento de cuestiones administrativas por parte del hospital y a la descoordinación entre los servicios del centro sanitario y de la empresa.

En la auditoría del propio CSN, no se recoge como otra disfunción la visita del inspector de ese organismo que no se percató del irregular funcionamiento del acelerador.

El inspector en cuestión, José Tesifón Cañete, comparecerá próximas sesiones del juicio para declarar en calidad de testigo. Los intentos de inculparle durante el proceso por parte de una de las acusaciones particulares se vieron rechazados por el juez instructor, Javier Seoane.

El hecho es, que los informes que realizó el CSN sobre el accidente tuvieron mucha importancia en este proceso, ya que determinaron, en gran parte, la inculpación de los profesionales sanitarios del Hospital Clínico de Zaragoza.

Jesús Solchaga, el abogado del Estado, personado en el procedimiento por la responsabilidad civil a cargo del Ministerio de Sanidad y Consumo, solicitó a Rosario Villarroel, perito del CSN, explicaciones de por qué las irregularidades reseñadas en la auditoría -como ausencia de anotaciones sobre incidencias en el libro de operaciones del acelerador o el incumplimiento de dosimetrías diarias- no constaban en otras actas de inspección hechas anteriormente por miembros del Consejo de Seguridad Nuclear.

Informes correctos

Rosario Villarroel, que contestó con evasivas cada vez que se cuestionaba la actuación del CSN, contestó que los otros informes anuales eran correctos. Respondió con un discreto "tal vez" a la pregunta del abogado del estado sobre si no creía que la auditoría del CSN, de la que ella fue firmante, se había extralimitado en las críticas a la coordinación del hospital.

Por otra parte, y en relación con la querella presentada por el ex presidente del Senado, José Federico de Carvajal, contra miembros del consejo de administración de la General Electric en España, el juzgado de instrucción número 1 de Zaragoza resolvió ayer no admitirla a trámite, decisión que podría ser recurrida ante la Audiencia.

La querella fue presentada la semana pasada por parte de familiares de algunos de los pacientes fallecidos a consecuencia del exceso de radiación emitida por el acelerador durante los días en que estuvo averiado en diciembre de 1990.