Gestión empresarial

El Gobierno de John Major, acorralado en muchos frentes, ha decidido apostar fuerte por la privatización penitenciaria. Y ha puesto al frente de ella, con plenos poderes, a Derek Lewis: no un funcionario ni un abogado, ni siquiera una persona relacionada con la Administración, sino un economista especializado en el negocio televisivo. Lewis, de 46 años, inició su carrera en la firma automovilística Ford, en la que llegó a ser director financiero para Europa, y ocupó posteriormente cargos ejecutivos en Granada Television y en el canal por satélite UK Gold."De lo que se trata aquí es de obtener el mejor rendimiento posible de un presupuesto determinado, como en cualquier otra empresa", afirmó Lewis tras su nombramiento como Director General de Prisiones, en diciembre pasado. Para subrayar su intención de revolucionar el sistema penitenciario, su cargo cambiará de nombre el próximo mes de abril: desde entonces, será director de la Agencia de Servicios Penitenciarios. Con especial énfasis, dice, en la palabra "servicios". Su sueldo, equivalente a unos 21 millones de pesetas anuales, está muy por encima del de cualquier funcionario.

El esquema de la privatización fue diseñado en el Informe Woolf, un estudio que revisó a fondo las cárceles británicas tras el motín de Strangeways, en 1990. La misión de Lewis es "aplicar las guías de racionalización expresadas en el informe, lo cual no implica necesariamente una privatización general", afirma Lewis.

Twinn, el director de la cárcel de The Wolds, no cree que la privatización afecte a todos los centros, al menos en un futuro previsible. Y agrega: "No soy partidario de que el Estado abandone por completo las cárceles; tal vez sea un sentimiento visceral, heredado de mi carrera como funcionario, pero creo que el sector público tiene cosas que aportar. Lo ideal sería un sistema mixto, como el empleado en la sanidad".

The Wolds constituye, en cualquier caso, el modelo. El Estado está representado en la prisión con una delegada y un subdelegado, cuya misión es doble: asegurarse de que la sociedad concesionaria cumple escrupulosamente las condiciones del contrato, y aplicar disciplinas y sanciones a los presos. "La represión es monopolio estatal, y debe seguir siéndolo", dice Twinns.

"En The Wolds no hay armas de fuego, al igual que en el resto de las prisiones británicas, pero además los carceleros carecen de porras o cualquier tipo de arma. Jamás deben agredir a un preso. En caso de indisciplina de un interno, presentamos denuncia ante la delegación estatal y ellos se encargan de la represalia". El castigo es la celda de aislamiento. Si un carcelero agrede a un preso "rompe su contrato, y va directamente a la calle; pero eso no ha sucedido nunca en The Wolds", explica Twinns.