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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Enunciados

EL GOBIERNO ha vuelto a poner sobre la mesa de las intenciones la reforma del mercado de trabajo. Ha enunciado las líneas en tomo a las que giraría lo que el ministro de Trabajo ha calificado como "cambio de modelo" en las relaciones laborales. Un enunciado ciertamente ambicioso, del que, por el momento, no puede deducirse el grado de disposición de los responsables políticos a su implantación efectiva y, en especial, el calendario correspondiente. Desde la formulación del programa de convergencia, en el que se concedía un lugar preferente a la reforma del mercado de trabajo -a su flexibilización-, la generosidad y grandilocuencia de los enunciados con que el Gobierno ha tratado de envolver sus propósitos reformistas no han guardado correspondencia con las actuaciones efectivas. La eliminación de las barreras a la movilidad funcional y geográfica de la mano de obra, el reforzamiento de los incentivos en el proceso de búsqueda activa de empleo y la mejora del nivel de cualificación de los demandantes de trabajo a través de la reforma del sistema de formación profesional (ejes en tomo a los que habría de llevarse a cabo esa reforma del mercado de trabajo propuesta en el programa de convergencia elaborado por el Gobierno hace un año) siguen siendo, en lo sustancial, grandes propósitos.Es cierto que la disposición a abordar meses antes de una convocatoria electoral reformas como las ahora anunciadas es una prueba de valentía política, como señaló el ministro de Economía. Pero ello debe acompañarse con una voluntad de aplicación en un horizonte razonable, si no se quiere convertir esa valentía en amago de un preludio de la decepción. La constatación de los efectos negativos de una excesiva concentración de contratos eventuales es un hecho favorable. De igual forma, la eliminación de las ordenanzas laborales constituye una precondición para garantizar la movilidad funcional necesaria. En ambos casos, el diálogo con los sindicatos y la patronal es de todo punto necesario.

Pero también corresponde al Gobierno asumir la iniciativa para la concreción de la amplia mayoría de las restantes reformas estructurales agrupadas en los grandes enunciados del capítulo cuarto del programa de convergencia: medidas de desregularización económica, de liberalización, sobre las entidades de crédito y seguros, reducción del número de organismos públicos, empresas públicas y sanidad.

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