Justicia y poder

ES DIFÍCIL precisar quién ha contribuido más al proceso de judicialización galopante en que ha caído la vida política española en los últimos años, si el Gobierno o la oposición. Ambos han trabajado con afán para conseguirlo, recurriendo a esa vía siempre que han pensado que podía beneficiarles (o perjudicar al otro). Pero no parecen haber calculado los riesgos de ese deslizamiento.Cuando Felipe González y otros dirigentes socialistas sostuvieron, a propósito de escándalos políticos relacionados con la corrupción, que la única instancia competente para su tratamiento eran los tribunales -y no, por ejemplo, las comisiones de investigación-, estaban prendiendo una fogata que el Partido Popular (PP) no ha dudado luego en avivar. Fue el caso, por ejemplo, de su denuncia por prevaricación contra el alcalde socialista de Ciudad Real en un asunto de urbanismo. Al ordenar su archivo, el Tribunal Supremo advirtió la inconveniencia de "utilizar la vía penal para dar solución a conflictos que, en su caso, han de tener acogida en otros órdenes".

La recomendación no ha sido atendida por los dirigentes populares, demasiado excitados con la posibilidad de desalojar a los socialistas como para renunciar a cualquier cosa -desde la sequía a las recomendaciones episcopales- que crean que puede servir a ese designio. Sin embargo, la amenaza de querellarse por prevaricación contra el presidente del Gobierno si el PSOE no accede a crear una comisión de investigación sobre el asunto KIO supone ir demasiado lejos. Para empezar, esa pretensión de que sea el acusado quien demuestre su inocencia resulta insólita. Pero además, las reglas del juego democrático son incompatibles con semejante tipo de chantajes. Si los populares disponen de indicios claros que justifiquen su acusación, lo que tienen que hacer es acudir a los tribunales y no convertir a éstos en alternativa amenazante o en coartada de sus limitaciones políticas. El principio de alternancia difícilmente funcionaría, por lo demás, si cada aspirante a sustituir al político gobernante plantea su campaña amenazándole con llevarle a juicio por su gestión. ¿Qué debate político cabría esperar de un planteamiento tan irresponsable? El equipo de Aznar parece empeñado en imitar lo peor del PSOE en la oposición, olvidando que su llegada al poder fue precedida de una política de moderación destinada a acreditar, precisamente, que no estaba formado por aventureros para los que todo vale.